La medida había sido expedida durante los últimos días del Gobierno anterior, encabezado por Gustavo Petro.
El Gobierno colombiano generó polémica tras revocar la resolución 0961 de 2026, que declaraba al bioma amazónico como reserva definitiva de los recursos naturales renovables y establecía restricciones a la exploración y explotación de hidrocarburos en una extensión superior a 483.283 kilómetros cuadrados, equivalente al 42 % del territorio nacional.
La medida había sido expedida durante los últimos días del Gobierno anterior, encabezado por Gustavo Petro, y fue dejada sin efecto por el Ministerio de Ambiente el lunes 27 de octubre.
El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, justificó la revocatoria al señalar que la resolución anterior se expidió sin culminar la consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Según el funcionario, la disposición no garantizaba por sí sola la protección efectiva de la Amazonía y, en cambio, generaba incertidumbre económica y territorial sin ofrecer alternativas concretas a las comunidades que habitan la región.
Arjona insistió en que la expedición de normas no es suficiente para resolver los problemas ambientales y territoriales, especialmente cuando existen cuestionamientos sobre el cumplimiento de los procedimientos legales.
La exministra de Ambiente Irene Vélez, quien aprobó la resolución original, criticó la decisión de la actual Administración y defendió el sustento técnico y jurídico de la medida de protección.
A través de su cuenta en X, Vélez afirmó que el Gobierno le daba la espalda a la Amazonía y advirtió sobre un posible interés en la apropiación de tierras raras.
También destacó la importancia de la selva amazónica para la captura de dióxido de carbono, la regulación del ciclo hídrico y la conexión ecológica con los Andes, factores que, según señaló, contribuyen al abastecimiento de agua en ciudades como Bogotá.
En respuesta, Arjona reiteró que la resolución presentaba problemas de procedimiento por la falta de consulta previa con las comunidades étnicas.
Pese a la controversia, el Ministerio de Ambiente aseguró que la revocatoria no significa abandonar la protección de la Amazonía colombiana. La entidad recordó que continúan vigentes otras disposiciones constitucionales, legales y judiciales que reconocen a esta región como sujeto de derechos.
La discusión se produce en medio de las preocupaciones por el avance de la deforestación, la ganadería extensiva y la construcción de carreteras ilegales en la región amazónica.
En mayo, la organización International Crisis Group advirtió sobre el avance de estas actividades y la presencia de estructuras criminales que participan en economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de fauna silvestre.
La revocatoria abre un nuevo debate sobre los mecanismos jurídicos para proteger la Amazonía, las garantías de participación de las comunidades y el equilibrio entre la conservación ambiental y las actividades económicas en el territorio.