Gobierno endurece vigilancia de servidores públicos

Con el fin de fortalecer la prevención de actos de corrupción, el lavado de activos, la financiación del terrorismo o actividades ilícitas, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 830 del 26 de julio, que establece cambios en la vigilancia sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP), es decir, funcionarios que desempeñan labores públicas destacadas o exfuncionarios que las ejercieron y que, por tanto, están obligados a brindar mayor información sobre sus actividades laborales.

El decreto, impulsado desde la Vicepresidencia de la República, a través de la Secretaría de Transparencia, la Superintendencia Financiera, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), y el Departamento Administrativo de la Función Pública, amplía el listado de personas PEP e información objeto de escrutinio.

De este listado PEP, ya hacían parte funcionarios como el Presidente y Vicepresidente de la República, ministros, superintendentes, generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, congresistas, jefes de las entidades de vigilancia y control, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, magistrados, entre otros.

Ahora se incluirán directivos de organizaciones internacionales, ordenadores de gasto de las universidades públicas, los curadores y notarios, así como los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que sean ordenadores del gasto público, y a las personas jurídicas cuyo beneficiario final corresponda a una persona expuesta políticamente.

“De esta manera, Colombia contará con mejores controles de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción, delitos en los que se pueden ver involucrados los altos funcionarios y, además, pone al país a la vanguardia de los compromisos internacionales”, afirmó la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, Beatriz Elena Londoño Patiño.

Según el decreto, el compromiso de Colombia en la lucha contra la corrupción y la importancia para la comunidad internacional y en especial para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), es fundamental mejorar los instrumentos que permiten combatir este flagelo transnacional que afecta duramente a las instituciones colombianas.

Otras disposiciones

En un término de tres meses, el Departamento Administrativo de la Función Pública deberá incluir en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) a los servidores públicos considerados como Personas Expuestas Políticamente (PEP). 

El mismo plazo tendrán los sujetos obligados a implementar medidas de prevención de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y lucha contra la corrupción para aplicar lo dispuesto en el presente decreto.

La iniciativa señala que los funcionarios PEP tienen la obligación de informar su cargo, fecha de vinculación y de desvinculación, cuando sea solicitado por los sujetos obligados al cumplimiento de la regulación vigente, y se mantendrán en el listado durante el ejercicio del cargo y por dos años más desde la dejación, renuncia, despido o declaración de insubsistencia del nombramiento, o de cualquier otra forma de desvinculación, o terminación del contrato.

Así mismo, indica que deberán declarar los nombres e identificación de las personas con las que tengan sociedad conyugal, de hecho o de derecho; los nombres e identificación de sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad, primero afinidad y primero civil; la existencia de cuentas financieras en algún país extranjero, en caso de que tengan derecho o poder de firma o de otra índole sobre alguna; y los nombres e identificación de las personas jurídicas o naturales, patrimonios autónomos o fiducias.