Funcionarios del Vichada, bajo lupa por proselitismo

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a varios funcionarios públicos en el departamento del Vichada, por presunta participación indebida en actividades políticas relacionadas con las elecciones atípicas para elegir gobernador, previstas para este domingo 15 de junio. Las indagaciones se adelantan tras denuncias que apuntan a un posible favorecimiento al candidato Juan Carlos Cordero Rojas.

Entre los funcionarios señalados se encuentran Hermides Joven Celis, actual gobernador encargado; Álvaro Cardozo, director del Hospital San Juan de Dios; y Luis Eduardo Arias, alcalde de La Primavera. También están implicados Julián Roberto Moya, procurador regional, y Anyela Rodríguez Oviedo, funcionaria de la misma entidad. Todos ellos habrían participado en actos de campaña a favor de Cordero.

La denuncia fue presentada por el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, quien además solicitó al Consejo Nacional Electoral evaluar sanciones contra los partidos que avalaron al candidato, así como medidas que podrían ir desde la suspensión del proceso electoral hasta la anulación de su inscripción.

En videos difundidos en redes sociales se observa a varios de estos funcionarios participando activamente en eventos proselitistas. Cordero cuenta con el respaldo de partidos como La U, Colombia Renaciente, Aico y Conservador, además del apoyo político del exgobernador Alexys Benito, recientemente condenado por corrupción.

La participación de servidores públicos en política está expresamente prohibida por la normativa vigente, ya que compromete su imparcialidad. La Procuraduría retiró del cargo al procurador regional implicado, como medida preventiva, mientras avanza el proceso disciplinario.

Estas elecciones atípicas surgen tras la anulación de los comicios de 2023, debido a irregularidades. En total, el censo electoral del Vichada está compuesto por 56.262 ciudadanos. La Registraduría ha dispuesto 175 mesas de votación en 53 puestos, y anunció el uso de biometría facial como medida de seguridad adicional.

Pese a los esfuerzos institucionales, el proceso se desarrolla bajo un ambiente de creciente tensión, sumado a recientes hechos como el atentado contra el senador Miguel Uribe en Bogotá. La Casa de Nariño habilitó canales de denuncia como la Línea Nacional Anticorrupción 157 y el portal PACO para monitorear irregularidades.

Tomado de: Infobae