Firmantes de paz temen recortes bajo De la Espriella

Los firmantes del Acuerdo de Paz de Colombia y las víctimas del conflicto armado temen que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella reduzca los recursos destinados a los programas de reincorporación, en medio de las críticas al pacto firmado en 2016 y el recrudecimiento de la violencia en distintas regiones del país.

En la granja Tíbares, ubicada a hora y media de Bogotá, excombatientes de las FARC, víctimas y habitantes trabajan conjuntamente en proyectos agrícolas y pecuarios, en una iniciativa que busca demostrar que la reconciliación es posible.

Angélica Bayén Muñoz, víctima de violencia sexual durante el conflicto, aseguró a EFE que tanto las víctimas como los firmantes se han sentido amenazados e intimidados por el panorama político actual.

La preocupación se concentra, entre otros aspectos, en la financiación de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que entrega una renta básica equivalente al 90 % de un salario mínimo a más de 8.000 firmantes del acuerdo.

La ayuda, establecida inicialmente por 24 meses, se ha extendido para garantizar la continuidad de los procesos de reincorporación. Sin embargo, líderes y autoridades locales advierten sobre el riesgo de desfinanciación de los programas.

Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá, recordó que quienes dejaron las armas asumieron un compromiso con el Estado, independientemente del Gobierno de turno.

La inseguridad también dificulta la reincorporación. Luis González, quien ingresó a la guerrilla durante su adolescencia, contó que ha tenido que huir en dos ocasiones de las disidencias de las FARC por negarse a retomar las armas. Los desplazamientos y la falta de empleo han interrumpido su proceso y lo mantienen lejos de una vida estable.

Una situación similar enfrenta Tito Cuevas, otro firmante que se trasladó de Arauca a Bogotá por temor a los grupos disidentes. Ambos advierten que muchos excombatientes dependen de la renta básica para sostener a sus familias y que la falta de oportunidades puede aumentar los riesgos de reincidencia.

Rolando Albeiro Acevedo, conocido como alias Octavio y líder del proyecto de la granja Tíbares, afirmó que no percibe voluntad política del Gobierno actual para continuar con la implementación del acuerdo. Por ello, los firmantes buscan evitar que los avances alcanzados durante la última década sean desmontados.

Desde la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Alessandro Preti destacó que la experiencia de Tíbares demuestra que los excombatientes pueden contribuir a la construcción de paz junto con las comunidades.

Pese a las dificultades, González aseguró que no se arrepiente de haber firmado el acuerdo y dejado las armas, pues ha podido compartir con su familia. Sin embargo, reconoció que el proceso ha sido complejo y que la incertidumbre sobre el respaldo estatal sigue marcando su futuro.