Expertos alertan por el aumento de la violencia en Colombia

A través del libro Con-Ciencia Criminal se dan a conocer las cifras y una propuesta criminológica que condensa innovaciones en seguridad, el sistema de justicia y el servicio de policía, para aplicar ciencia en la intervención del delito. Uno de cada cuatro homicidios ocurre en municipios en alerta electoral, lo que abre dudas sobre la influencia de actores armados en el proceso democrático.

El 81% de los homicidios se comete con armas de fuego, lo que evidencia fallas en control, tráfico y acceso ilegal. Más de la mitad del país (56%) registra aumento de homicidios, con departamentos como Putumayo creciendo hasta 84%. Los atentados recientes muestran mayor capacidad operativa de grupos armados, especialmente en zonas clave del narcotráfico.

En medio de un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el país, expertos en criminología de la Universidad del Rosario Se unieron en una nueva publicación denominada ´Conciencia Criminal: ciencias del comportamiento aplicadas al sistema de justicia y al servicio de policía´, una publicación que reúne a 53 expertos de distintas disciplinas y propone soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos actuales de la seguridad en el país.

El texto advierte sobre una concentración crítica de la violencia en Colombia, con base en el análisis de los registros de homicidio reportados por el Ministerio de Defensa Nacional durante lo corrido de 2026.

En esta línea, durante el primer trimestre del año se han registrado cerca de 3.388 homicidios, lo que representa un leve incremento del 1% frente al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, el dato más preocupante está en su distribución: el 23% de estos homicidios se concentra en 63 municipios identificados por la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE) como zonas con agudización de la violencia, especialmente en el marco de la contienda electoral. En estos territorios se han registrado 205 víctimas más en comparación con el año pasado. 

Del total de homicidios, el 81% ocurre con arma de fuego. Además, en 18 departamentos, que representan el 56% del país, se registra un aumento en los casos durante el trimestre. Entre ellos se destacan Atlántico (+43%), Huila (+46%), Tolima (+57%) y Putumayo (+84%).

A nivel municipal, los mayores incrementos se concentran en 12 territorios: Cali, Dagua y El Cerrito (Valle del Cauca); Pitalito, Neiva y Algeciras (Huila); Segovia y Remedios (Antioquia); Padilla y Santander de Quilichao (Cauca); Puerto Asís (Putumayo), y Riohacha (La Guajira).

La tendencia al alza se mantiene durante el año y se ve reforzada por los atentados registrados en las últimas semanas en el suroccidente del país, donde se evidencia la capacidad operativa de grupos armados como las disidencias de las FARC, especialmente en territorios asociados a rutas del narcotráfico.

Este panorama cobra mayor relevancia a pocas semanas de las elecciones y plantea interrogantes sobre un posible aumento de la gobernanza criminal o la incidencia de fenómenos como el clientelismo armado en algunos territorios.

Para el profesor de Criminología de la Universidad del Rosario, Ervin Norza Céspedes, “este panorama plantea desafíos urgentes para el país en materia de seguridad: la necesidad de fortalecer las capacidades del sistema de justicia y del servicio de policía, así como mejorar las estrategias de prevención e investigación criminal”.

Aunque la política criminal debe prestar atención al sistema penitenciario y carcelario, el desafío va más allá de ampliar la infraestructura. Implica repensar las sanciones, mejorar los procesos de diagnóstico y tratamiento, y fortalecer alternativas a la privación de la libertad, orientando el sistema hacia una resocialización efectiva.

Frente a la seguridad urbana, la evidencia criminológica advierte que la militarización de las ciudades puede resultar contraproducente. En el caso colombiano, donde gran parte de la violencia se concentra en zonas rurales, el enfrentamiento a grupos armados exige operaciones articuladas entre Fuerzas Militares y Policía.

En paralelo, es clave fortalecer la inteligencia mediante procesos de reingeniería institucional que permitan recuperar su efectividad frente al crimen organizado. Asimismo, se requiere revisar fallas en los procesos de captura e investigación judicial, incorporando análisis sistemáticos en instancias como el Consejo Superior de Política Criminal y el Consejo Nacional de Policía Judicial.

Los expertos coinciden en que la estrategia debe priorizar la judicialización de estructuras criminales de alto impacto, cabecillas y redes organizadas, evitando la dispersión de esfuerzos en delitos de baja escala que no explican la actual crisis de seguridad.

A esto se suma la necesidad de fortalecer estándares policiales bajo el modelo de Justicia Procedimental, así como avanzar en herramientas más sofisticadas de análisis del delito, incluyendo enfoques como la neurocriminología, y en el desarrollo de capacidades frente a fenómenos como la ciberdelincuencia, la trata de personas y la violencia de género.

Estas reflexiones se recogen en el libro Conciencia Criminal: ciencias del comportamiento aplicadas al sistema de justicia y al servicio de policía, una publicación que reúne a 53 expertos de distintas disciplinas y propone soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos actuales de la seguridad en el país.

El texto plantea un enfoque basado en la ciencia para comprender, prevenir y enfrentar la conducta criminal, integrando investigación y aplicación práctica en contextos como el colombiano e iberoamericano.

Los expertos advierten que, de no adoptarse medidas estructurales, el país podría enfrentar escenarios críticos como crisis penitenciarias, un incremento de ataques terroristas en territorios con gobernanza criminal y un aumento sostenido de homicidios por encima de los 26 por cada 100 mil habitantes.

Información de: Universidad del Rosario