Exministro Bonilla queda libre por vencimiento de términos
Tribunal de Bogotá dejó en libertad a Ricardo Bonilla por vencimiento de términos tras fallas de Fiscalía en caso UNGRD.
El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla recuperará su libertad por decisión del Tribunal Superior de Bogotá, luego de que se confirmara el vencimiento de términos en el proceso judicial que se adelanta en su contra por el escándalo de la UNGRD. La determinación se da en medio de cuestionamientos a la actuación de la Fiscalía.
Bonilla había sido detenido hace cerca de cuatro meses por su presunta participación en el saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, considerado uno de los casos de corrupción más relevantes del actual gobierno. Sin embargo, errores en los tiempos procesales terminaron favoreciendo su situación jurídica.
De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, la Fiscalía General de la Nación tenía un plazo legal para presentar el escrito de acusación ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos imputados, entre ellos concierto para delinquir agravado, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
La magistrada Isabel Álvarez Fernández explicó que, aunque inicialmente el término es de 60 días, en este caso se ampliaba a 120 días por la complejidad del proceso. No obstante, la Fiscalía no cumplió con ese plazo máximo, lo que derivó en la pérdida de la medida de aseguramiento.
El límite para presentar la acusación vencía el primero de abril de 2026. Sin embargo, al inicio de la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento, el ente acusador aún no había radicado formalmente el documento ante la Corte Suprema.
Aunque la Fiscalía intentó subsanar la omisión presentando el escrito de acusación durante el desarrollo de la audiencia, esta actuación fue considerada extemporánea. La magistrada señaló que el documento fue radicado más de una hora después de iniciada la diligencia judicial, lo que impidió validar su efecto dentro del proceso.
La decisión también se sustentó en criterios de razonabilidad jurídica, evitando trasladar las consecuencias de los errores institucionales al procesado. En ese sentido, el tribunal determinó que no era procedente mantener la privación de la libertad ante el incumplimiento de los términos legales.
Este caso vuelve a poner en el centro del debate la gestión de la Fiscalía en procesos de alto impacto, especialmente en investigaciones relacionadas con corrupción estatal. La falta de cumplimiento en los tiempos procesales puede afectar directamente el desarrollo de los casos y sus resultados.
El proceso contra Bonilla, no obstante, continúa en curso. La libertad otorgada no implica una absolución ni el cierre de la investigación, sino una modificación de su situación jurídica mientras avanza el trámite ante las instancias correspondientes.
El escándalo de la UNGRD sigue generando repercusiones políticas y judiciales, involucrando a figuras clave del gobierno y manteniéndose como uno de los episodios más sensibles en materia de transparencia y manejo de recursos públicos en el país.