Estremecedor informe sobre desaparición forzada en el Meta

La Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda reveló hoy un estremecedor informe denominado "Tras las huellas de la desaparición forzada” que evidencia una caracterización sobre los mecanismos que usaron actores armados para cometer este crimen de lesa humanidad en el Meta, el segundo departamento más afectado por este flagelo de la desaparición forzada en Colombia.

César Santoyo Santos, Director Ejecutivo del COFB, dijo que durante los años 2000 al 2005, se observa un incremento de las desapariciones en esta región y que según la información recabada el 52% de las víctimas son mestizas, un 1.05% de indígenas, el 0.48% afrodescendientes y existe un 47% que no presentan datos. 

“Según la documentación de casos la mayoría de las víctimas eran campesinos o trabajadores de fincas. De los 10 municipios analizados en este diagnóstico, donde más se presentan denuncias de desaparición forzada son Granada, Puerto Concordia y San Martín. Y el periodo donde más se presenta este crimen de lesa humanidad es entre 1998 y 2008, en el contexto del Plan Colombia y la Política de Seguridad Democrática”, afirmó Santoyo.

El diagnóstico del COFB coincide con el reporte del Centro Nacional de Memoria Histórica el cual dice que entre 1958 y 2016, se registraron 8.724 personas desaparecidas, secuestradas y reclutadas en el Meta.

“Realizamos un ejercicio de auscultación, obteniendo de diferentes fuentes oficiales la información que podía orientar la forma en que la desaparición forzada aquejó a los pobladores de los llanos desde hace tres o cuatro décadas en una lucha ideológica y física por la libertad y las tierras productivas para desarrollar la agricultura y la ganadería”, dijo. 

Mapeamos información de 46 víctimas, familiares de 50 personas desaparecidas en los municipios de Acacías, El Castillo, Fuente de Oro, Granada, La Macarena, Puerto Concordia, Puerto López, San Juan de Arama, San Martín y La Uribe. Las magnitudes de las víctimas en los 10 municipios seleccionados en este diagnóstico representan a 1 de cada 3 personas desaparecidas en el departamento.
     
“Se observó cómo los municipios que quedan a ambos costados del río Ariari, en el Piedemonte llanero y hacia el sur de la capital, Villavicencio, fueron objeto de fuertes transgresiones con la excepción de Fuente de Oro, que se comportó como una suerte de isla donde el impacto fue menor. También identificamos que las personas con algún vínculo con el campo y el agro, seguidos del desarrollo de oficios, actividades profesionales o la prestación de servicios fueron los más afectados”, indicó.

“Ponemos el ejemplo de San Martín, donde fueron desaparecidas 4 personas que se dedicaban al comercio sexual, si bien el reporte no aclara porque no es su función las causas asociadas a la desaparición, no obstante, tiene concordancia con los esfuerzos por el control territorial para impedir la acción y el avance de miembros de la subversión, en lógicas impuestas por normativas partidarias y posturas políticas implantadas desde acuerdos transnacionales de seguridad nacional”, ejemplificó el Director Ejecutivo del COFB.

El documento señala que, de manera generalizada, se pudo observar también que por cada mujer que es víctima de desaparición hay por lo menos entre 5 y 13 hombres que sufren el crimen de lesa humanidad. 

El componente étnico de las víctimas muestra que tanto las poblaciones indígenas como las afrodescendientes sufrieron de manera similar violencias, por lo menos a partir de los registros de personas acreditadas como víctimas ante el RUV-UARIV. 
 
“Se destaca que la mayor cantidad de víctimas en grupos poblacionales corresponde a indígenas en Puerto Concordia, San Martín y Uribe, mientras la población afrodescendiente está mayormente representada como víctima en Puerto López, Puerto Concordia y Granada, lo cual es preocupante que estas comunidades sigan siendo señaladas y perseguidas”, indicó.

De igual forma, el informe revela que la gravedad de la desaparición asciende e inicia visibilidad en la segunda mitad del decenio de 1980, efecto que se incrementa significativamente hacia los años 1996 - 1997, así como el desborde desde el año 2002 con pico máximo en 2003, cuyo declive avanza hasta 2006 y tiene un importante repunte en 2008 para proseguir con el descenso final. 

Los actores señalados como responsables en las desapariciones arrojan un mayoritario desconocimiento sobre el actor armado, a tal punto que por cada 3 personas desaparecidas una es realizada por agentes desconocidos, mientras los 2 restantes se atribuyen a actores armados ilegales incluidos grupos de autodefensas, aunque la responsabilidad endilgada o reconocida por paramilitares es equiparable al desconocimiento del perpetrador. 

Finalmente, el documento resalta unas recomendaciones en nombre de las víctimas. “Se reitera la necesidad de que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP abra un caso de desaparición forzada. Y que las instituciones del Estado, como la UBPD, el GRUBE y el Instituto de Medicina Legal, encargadas de la búsqueda, identificación y entrega digna de personas se articulen para determinar el paradero de los desaparecidos, garantizando los derechos de sus familiares de acceso a la justicia.