La medida busca, según el ministro, “elevarle el estatus” a quienes trabajan en el sector rural y producen los alimentos del país.
Una nueva controversia política se desató en Colombia luego de que el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, propusiera cambiar la denominación de “campesinos” por “pequeños empresarios del campo”.
El funcionario explicó que la medida busca, según sus palabras, “elevarle el estatus” a quienes trabajan en el sector rural y producen los alimentos del país. Sin embargo, la propuesta generó críticas de congresistas y sectores vinculados a la política agraria del Gobierno anterior, quienes calificaron el cambio como despectivo y cuestionaron la intención de modificar un término con amplio reconocimiento social y cultural.
Dangond también anunció una auditoría forense a los procesos de adquisición de tierras realizados durante la administración anterior. Como parte de esta revisión, el Gobierno suspendió temporalmente el desembolso de cerca de 1,4 billones de pesos pendientes a propietarios, mientras se verifica la legalidad de las operaciones.
El ministro cuestionó además las cifras entregadas sobre la reforma agraria y aseguró que, de las tres millones de hectáreas que se había planteado adquirir durante cuatro años, realmente fueron compradas unas 350.000.
Asimismo, confirmó que para 2027 el Gobierno no contempla realizar una nueva compra masiva de predios y que la prioridad será revisar los terrenos adquiridos anteriormente, uno por uno.
Las declaraciones provocaron reacciones de congresistas como David Racero y Aída Abella, quienes defendieron las políticas de la administración anterior y cuestionaron las decisiones del nuevo Ministerio de Agricultura.
Ante los cuestionamientos, Dangond negó tener vínculos con particulares y aseguró que investigará las tierras que, según sus señalamientos, pudieron haber sido adquiridas con precios inflados.
El Ministerio reiteró que su estrategia estará enfocada en revisar los procesos de compra de tierras, garantizar la transparencia y proteger los recursos públicos destinados al sector agropecuario.