En Semana Santa refuerza lucha contra tráfico de flora-fauna

Las autoridades ambientales refuerzan controles y campañas de sensibilización ante el aumento histórico de casos de tráfico ilegal en temporadas de alta demanda. Reptiles, aves y mamíferos concentran la mayor presión del comercio ilegal.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lanzó una alerta nacional para prevenir y denunciar el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, uno de los delitos ambientales que más amenaza la biodiversidad del país y que tiende a incrementarse durante la temporada de Semana Santa.

Según los reportes consolidados por el Ministerio y las autoridades ambientales regionales entre 2023 y 2025, el tráfico ilegal de fauna silvestre mantiene una tendencia persistente en el territorio nacional. El fenómeno se caracteriza por la operación de cadenas ilegales estructuradas, el aumento de casos en temporadas específicas y una afectación transversal en múltiples regiones del país.

Los impactos sobre los ecosistemas son significativos: disminución de poblaciones naturales, alteración de estructuras ecológicas, pérdida de funciones ecosistémicas y mayor riesgo de extinción de diversas especies. El análisis por grupos taxonómicos muestra que los reptiles encabezan el tráfico ilegal de fauna silvestre, con más de 9.000 individuos registrados. Entre las especies más afectadas están la tortuga hicotea (Trachemys callirostris), el caimán de anteojos (Caiman crocodilus), la iguana verde (Iguana iguana) y la tortuga de patas rojas (Chelonoidis carbonarius). Su extracción ilegal responde principalmente al consumo de carne y huevos, así como a su comercialización, prácticas que implican captura masiva en sitios de anidación y transporte en condiciones precarias que ponen en riesgo su supervivencia.

Las aves constituyen el segundo grupo más afectado, con 2.621 individuos, con especies como el loro real amazónico (Amazona ochrocephala), el canario sabanero (Sicalis flaveola) y el periquito bronceado (Brotogeris jugularis), altamente demandadas para el comercio ilegal como mascotas. La extracción directa de nidos y el confinamiento en condiciones inadecuadas provocan lesiones, mortalidad temprana y una elevada tasa de pérdida durante el transporte, lo que indica que el número real de individuos afectados supera los registros oficiales de incautación.

En el caso de los mamíferos, con 1.553 individuos registrados, el tráfico se concentra en crías y ejemplares juveniles de especies como la zarigüeya (Didelphis marsupialis), el armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus) y el mono aullador rojo (Alouatta seniculus). Esta práctica genera altos niveles de estrés, problemas fisiológicos asociados al manejo inadecuado y una baja probabilidad de supervivencia en cautiverio.

El Ministerio advierte que el maltrato animal no es una consecuencia aislada, sino un componente intrínseco del tráfico ilegal, presente en todas sus etapas: captura, transporte, acopio y comercialización. Esta situación se traduce en altos niveles de mortalidad antes de los procesos de incautación, el ingreso de individuos en condiciones críticas a los Centros de Atención y Valoración (CAV) y bajas tasas de rehabilitación y retorno a su hábitat.

El tráfico ilegal de fauna silvestre no solo constituye un delito ambiental, sino también una forma de violencia contra los animales que vulnera su bienestar y compromete la sostenibilidad de los ecosistemas. Por lo tanto, la entidad invita a la ciudadanía a no comprar, comercializar ni mantener animales silvestres como mascotas, y a denunciar cualquier caso de tráfico ilegal o maltrato ante las autoridades competentes.

Palma de cera: símbolo nacional en peligro 

En esta temporada también se incrementa la presión sobre especies de flora silvestre utilizadas en celebraciones religiosas, especialmente la palma de cera (Ceroxylon quindiuense), árbol nacional de Colombia declarado símbolo patrio mediante la Ley 61 de 1985, que prohíbe su tala y comercialización. 

Esta especie, categorizada En Peligro, cumple un papel ecológico clave en los ecosistemas andinos, donde sirve de alimento y refugio para diversas especies, incluido el loro orejiamarillo. Sin embargo, durante la Semana Santa aumenta la extracción ilegal de cogollos y hojas para la elaboración de ramos, práctica que afecta la regeneración natural de la palma y contribuye a la reducción de su hábitat.

Entre 2023 y 2024, con el apoyo de las Corporaciones Autónomas Regionales y la Policía Nacional, se incautaron 7.592 unidades de palma de cera en el país, evidenciando la persistencia de este delito ambiental en temporadas de alta demanda. Las autoridades ambientales reiteran el llamado a la ciudadanía a no utilizar palma de cera ni otras especies extraídas del bosque, y a optar por alternativas sostenibles como hojas de maíz o plátano, juncos, espigas de pastos, arroz o trigo, así como plantas ornamentales que posteriormente puedan sembrarse. Estas acciones contribuyen a proteger los bosques andinos y a conservar un patrimonio natural fundamental para la biodiversidad del país.