Empresas contra reloj por impuesto al patrimonio
Más de 15.000 empresas deberán pagar desde esta semana un impuesto que promete recaudo millonario, pero enciende alertas sobre inversión y quiebras.
El calendario fiscal arranca con presión máxima para el sector empresarial. Desde el 1 de abril, más de 15.000 compañías deberán pagar la primera cuota del impuesto al patrimonio, un tributo implementado en medio de la emergencia económica que busca recaudar hasta $8 billones para las finanzas públicas.
El gravamen aplica a empresas con patrimonios líquidos superiores a $10.474 millones, con tarifas diferenciadas: 1,6% para los sectores financiero y minero-energético, y 0,5% para el resto. Aunque el Gobierno proyecta un recaudo ambicioso, estimaciones de centros de pensamiento lo reducen a cerca de $6,3 billones, evidenciando un margen de incertidumbre fiscal.
Sin embargo, el verdadero foco de preocupación no está solo en el recaudo, sino en sus efectos colaterales. En un contexto donde la inversión ya muestra signos de debilitamiento —con la formación bruta de capital cayendo de 24% del PIB en 2015 a 16% en 2025—, este impuesto podría profundizar la desaceleración económica.
Las alertas del sector empresarial son contundentes. Gremios advierten que la carga tributaria podría asfixiar la liquidez de muchas compañías, especialmente en sectores estratégicos, elevando el riesgo de cierres y frenando decisiones de inversión en el corto plazo.
Así, mientras el Gobierno apuesta por ingresos inmediatos, la economía enfrenta un dilema estructural: financiar el gasto sin comprometer la sostenibilidad del tejido empresarial. El resultado podría sentirse más rápido de lo previsto.