Dudas sobre cumplimiento de sentencia de la JEP

En seguimiento especial a los compromisos del acuerdo de paz 
suscrito por el Estado Colombiano con las FARC-EP, y a las recientes 
decisiones de la JEP, la Contraloría General de la República encontró 
falta de monetización de los bienes entregados e incumplimientos en 
la entrega de bienes para reparar.   

Los incumplimientos relacionados, ponen en riesgo el derecho a la 
reparación de las víctimas y pueden comprometer la responsabilidad 
del Estado, por lo cual se insta a las partes a cumplir los acuerdos y 
especialmente, a proveer los recursos necesarios a fin de reparar a 
la población afectada con el conflicto armado a quienes la JEP les 
reconozca esa calidad.   

Bogotá, D.C., 20 de enero de 2026. La Contraloría General de la República a 
través de su Delegada para el Sector Justicia, adelantó Seguimiento 
Permanente a los bienes entregados de las FARC en el marco del Acuerdo de 
Paz, con el fin de identificar los recursos con los que cuenta la Justicia 
Transicional para la implementación de sus sentencias.  

En el marco del seguimiento, se realizó un análisis a las órdenes impartidas por 
la JEP en las sentencias TP-SeRVR-RC-ST-No.001 y TP-SeRVR-RC-STNo.002 
de 2025 de la Sección de Primera Instancia con Reconocimiento, donde se 
determinó que, dentro de los componentes de las sentencias, se encuentra el 
restaurativo y reparador, el cual, según cálculo estimativo de la Jurisdicción 
Especial, requiere $121.858 millones de pesos, de los cuales solo hay 
disponibles $20 mil millones de pesos para el 2026. 

Adicionalmente, frente a los demás componentes, se profirieron una serie de 
órdenes judiciales con la identificación precisa de las entidades públicas del nivel 
nacional y territorial a las que les corresponde la garantía de las condiciones para 
su implementación, así como la consecución de recursos para cumplirlas. No 
obstante, no se tienen recursos presupuestados para dar cumplimiento a esas 
órdenes, limitando su ejecución en la vigencia 2026. 

De otro lado, frente a los bienes recibidos de las FARC-EP, se designó a la SAE 
S.A.S., como administradora del patrimonio autónomo que tendría a cargo la 
administración de estos bienes y se determinó que la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas -UARIV- era la entidad designada por el 
Gobierno Nacional como beneficiaria.  

La Contraloría General de la República pudo identificar los activos que se 
comprometió entregar las FARC en el marco del Acuerdo de Paz con el fin de 
reparar a las víctimas y lo efectivamente entregado y monetizado

Los bienes entregados por las FARC al Estado Colombiano difieren 
sustancialmente de los compromisos del acuerdo, lo que compromete la eficacia 
del principio de verdad, justicia y reparación, pues entraña una incertidumbre 
frente a la efectividad de la justicia transicional como garantía de no repetición y 
contingencias frente a la obligación del Estado Colombiano frente a los derechos 
de las víctimas. 

Información de: Contraloría General de la Nación