DNI: alertan por presunto espionaje y contratos

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) quedó bajo la lupa tras conocerse documentos reservados que advierten sobre presuntas operaciones de espionaje a expresidentes, posibles interferencias electorales y cuestionamientos a millonarios contratos durante el gobierno de Gustavo Petro.

Los hallazgos fueron revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y hacen parte de un informe de empalme de 26 páginas, elaborado en julio de 2026 y dirigido al nuevo director de la entidad. El documento reúne fotografías, reportes internos y señalamientos entregados por funcionarios de la propia agencia.

Presunto espionaje a expresidentes

Uno de los puntos más delicados del informe tiene que ver con la posible instalación de micrófonos y dispositivos GPS en los vehículos destinados a los esquemas de protección de expresidentes y exvicepresidentes de Colombia.

Según los documentos, el Gobierno expidió el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, que incorporó a la DNI entre las entidades encargadas de participar en la asignación de esos vehículos. El informe advierte que esta modificación podría haber facilitado labores de inteligencia sobre las personas protegidas.

Juan Carlos Restrepo, exconsejero de seguridad nacional y exinspector de la DNI, cuestionó la participación de la entidad en estas funciones, al considerar que estarían por fuera de sus competencias.

Señalamientos sobre una sede clandestina y equipos rusos

El informe también menciona una presunta estrategia para mantener funcionarios cercanos al gobierno Petro dentro de la DNI. Según el documento, algunos empleados habrían sido declarados insubsistentes sin justificación ni debido proceso, con el propósito de que posteriormente acudieran a instancias judiciales y consiguieran su reintegro.

Otro señalamiento apunta a una supuesta casa de inteligencia clandestina ubicada cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. El inmueble habría funcionado como sede operativa no registrada y, según la información recopilada, fue desocupado después de las elecciones presidenciales.

Adicionalmente, los documentos advierten sobre computadores y celulares que habrían sido entregados por Rusia a funcionarios colombianos durante un viaje a Moscú para recibir capacitación del servicio secreto ruso, el SVR. La sospecha es que estos dispositivos podrían contener programas maliciosos para acceder a información de la entidad.

Un helicóptero no tripulado de $9.000 millones habría presentado fallas

Entre los cuestionamientos a la contratación aparece la adquisición de un helicóptero no tripulado por $9.000 millones, destinado a labores de inteligencia y contrainteligencia.

De acuerdo con el informe, el aparato tenía capacidad para realizar vuelos de hasta seis horas y transportar entre 60 y 120 kilogramos de carga.

Sin embargo, habría sido entregado con fallas en cuatro sistemas fundamentales: comunicación, combustible, caja de transmisión y motor. Incluso, uno de sus vuelos de prueba tuvo que ser cancelado por razones de seguridad.

El equipo también estaría bajo un proceso sancionatorio por presuntos incumplimientos de las especificaciones técnicas. Además, sufrió un siniestro el 15 de marzo de 2026 y, según los documentos, contaba con un seguro de apenas $900 millones, equivalente al 10 % de su valor.

Millonarias compras bajo revisión

Un segundo informe de 11 páginas, enviado por la DNI a la Presidencia en septiembre de 2026, expuso otros cuestionamientos sobre la contratación de la entidad.

Entre ellos aparecen:

• La compra de cuatro camionetas Tahoe modelo 2024, dos de ellas acondicionadas con sistemas antidrones.

• La adquisición de tres sistemas antidrones por $8.340 millones.

• Un sistema biométrico, dactilar, facial y de iris comprado por $580 millones en 2022, que no pudo implementarse por incompatibilidad tecnológica.

• La compra de 595 computadores por $1.314 millones en 2024, sobre los cuales se reportaron problemas de calidad.

• Un contrato de enero de 2026 por $1.549 millones que incluyó atriles de $14 millones cada uno y camas de $18 millones.

También se advirtió que la DNI no tendría una plataforma para registrar sus misiones de inteligencia y contrainteligencia desde 2024, luego de que no se renovara el contrato con el proveedor.

Hacker de la DNI señalado de intentar interferir en elecciones

Otro de los capítulos del informe involucra a Carlos Oyola, ingeniero de sistemas que ingresó a la entidad en febrero de 2024.

Según los documentos internos, Oyola habría liderado una red que presuntamente buscaba alterar los resultados de las votaciones del 21 de junio de 2026. El reporte señala que el funcionario se encontraba en Madrid, España, junto con otros integrantes, desde donde supuestamente ejecutarían ataques contra la Registraduría.

El documento también indica que Oyola tenía una orden de captura emitida por un juez el 7 de mayo de 2026 y que habría escapado de un allanamiento de la Fiscalía a un apartamento que presuntamente era utilizado como fachada de la DNI.

En el lugar quedaron computadores, celulares y otros dispositivos electrónicos.

El funcionario también enfrentaba investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con el acceso a los sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), además de señalamientos por falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.

Noticias Caracol informó que Oyola fue capturado el viernes 6 de noviembre por el caso relacionado con el hackeo a la UNAD. Para ese momento, todavía figuraba como funcionario activo de la DNI.

Sin respuestas de los directivos consultados

La investigación periodística señala que Noticias Caracol consultó a varios expresidentes sobre las presuntas operaciones relacionadas con sus esquemas de seguridad, pero ninguno quiso pronunciarse públicamente.

El medio también buscó respuestas de los dos últimos directores de la DNI durante el gobierno Petro y de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, sin obtener respuesta.

Los documentos conocidos plantean cuestionamientos sobre el manejo de la inteligencia estatal, la contratación de tecnología y la posible utilización de recursos institucionales en actividades que ahora están bajo revisión.