Deuda de la UNP amenaza seguridad y vehículos blindados

La Unidad Nacional de Protección (UNP) enfrenta retrasos en los pagos a empresas encargadas del arrendamiento de vehículos blindados y convencionales utilizados en esquemas de seguridad en Colombia. Según información conocida en primicia por El Tiempo, el monto adeudado se aproxima a $400 mil millones, con obligaciones pendientes desde noviembre de 2025.

El caso se conoce en medio de anuncios del Gobierno del presidente Gustavo Petro sobre el refuerzo de la seguridad de la senadora Paloma Valencia, tras la difusión de amenazas en su contra a través de redes sociales.

De acuerdo con un cruce de correos entre funcionarios de la UNP y empresas arrendadoras, revelado por el medio ya mencionado, los pagos pendientes corresponden al alquiler de aproximadamente 5.000 vehículos blindados y convencionales, asignados a esquemas de protección en distintas regiones del país.

En dichos documentos se señala que los retrasos en los desembolsos se registran desde finales de 2025 y que, hasta la fecha, no se han normalizado los pagos correspondientes al inicio de 2026.

Advertencias de empresas sobre retiro de vehículos

Según la información conocida por El Tiempo, algunas de las empresas contratistas han notificado a la UNP que podrían suspender la prestación del servicio si no se realizan los pagos pendientes.

En al menos dos casos, los proveedores han advertido la posibilidad de retirar los vehículos de los esquemas de protección. Adicionalmente, en las comunicaciones se menciona la alternativa de desactivar los vehículos mediante sistemas satelitales, lo que impediría su uso operativo.

Pagos parciales en 2025 y ausencia de desembolsos en 2026

Fuentes citadas por el medio indicaron que la operación mensual de arrendamiento de vehículos asciende a cerca de $55 mil millones, y que aunque se han realizado pagos parciales de las obligaciones de noviembre y diciembre de 2025, no se han efectuado giros correspondientes a 2026.

La información también señala que la continuidad del servicio depende del flujo de recursos destinados al cumplimiento de estos contratos.

Correos internos sobre limitaciones de caja

En uno de los correos internos conocidos por El Tiempo, una funcionaria de la UNP hace referencia al estado de pagos de la facturación del periodo febrero de 2026 y la reserva de diciembre de 2025. En el documento se advierte que la entidad cuenta con limitaciones en la disponibilidad de recursos a nivel nacional.

El mensaje conocido por el diario señala que “de acuerdo con la novedad informada por el Grupo Tesorería de la UNP, la asignación de recursos del Programa Anual de Caja (PAC) correspondiente al mes de marzo de 2026 se efectuó de manera parcial, esto debido a la limitada disponibilidad de caja a nivel nacional”.

Y agrega que “en consecuencia, los pagos asociados a la facturación del período febrero de 2026, inicialmente programados a realizarse en el presente mes de marzo, deberán ser aplazados hasta tanto se realice la asignación del PAC correspondiente al mes de abril”.

Dependencia del Ministerio de Hacienda en la asignación de recursos

Los mismos correos citados por el medio señalan que la situación depende directamente de la asignación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entidad encargada de la aprobación del Programa Anual de Caja (PAC).

En las comunicaciones también se indica que el PAC de reserva correspondiente a diciembre de 2025 aún no ha sido aprobado y continúa en proceso de revisión.

Empresas contratistas y alcance del servicio

Entre las empresas que prestan el servicio de arrendamiento de vehículos a la UNP se encuentran GMW Blindajes, Blinsecurity de Colombia Ltda, Veblinco, Neostar de Colombia Ltda, Calmori SAS y Royal Rent Corp SAS, entre otras, según la información recopilada por el diario.

Estas compañías hacen parte del esquema operativo que permite la movilidad de personas bajo protección estatal en diferentes zonas del país.

Beneficiarios de los esquemas de protección

Los vehículos involucrados en estos contratos hacen parte de los esquemas de seguridad asignados a personas con riesgo extraordinario, entre ellos líderes sociales, defensores de derechos humanos, congresistas, magistrados y exfuncionarios del Estado.

Estos esquemas son administrados por la UNP en coordinación con evaluaciones de riesgo realizadas por el Estado.

Seguimiento a la situación contractual

Según lo informado por El Tiempo, algunas empresas han manifestado disposición para continuar prestando el servicio, siempre que se establezcan cronogramas de pago que permitan normalizar las obligaciones pendientes.

Hasta el momento, no se han anunciado modificaciones oficiales en la operación de los esquemas de protección, mientras continúan las gestiones administrativas relacionadas con la asignación de recursos y el cumplimiento de los contratos vigentes.