La Defensoría del Pueblo de Colombia pidió al presidente Abelardo de la Espriella evitar que la respuesta del Estado frente a los grupos armados ilegales derive en una demostración de fuerza marcada por la crueldad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó la actitud del mandatario luego de que este apareciera en imágenes caminando cerca de los cuerpos de 23 presuntos integrantes de una disidencia de las antiguas FARC, muertos durante una operación militar en el departamento del Guaviare.
“El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel”, afirmó Marín en un mensaje difundido por la entidad.
La funcionaria sostuvo que Colombia lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de violencia y criminalidad organizada, pero manifestó su preocupación por lo que consideró una forma inusual de mostrar las consecuencias de las operaciones militares.
Gobierno defiende su política de seguridad
De la Espriella llegó a la Presidencia con la promesa de aplicar una política de “mano dura” contra las organizaciones criminales y las disidencias armadas.
El mandatario ha reiterado que su Gobierno no contempla negociar con estos grupos y que buscará combatirlos mediante las instituciones de seguridad y la aplicación de la ley.
En las últimas semanas, las Fuerzas Militares han desarrollado diferentes operaciones contra estructuras armadas en varias regiones del país.
Nuevas operaciones en Nariño
En paralelo al pronunciamiento de la Defensoría, el Gobierno informó sobre una nueva operación militar en el municipio de El Peñol, Nariño, donde, según el presidente, murieron siete integrantes del frente Franco Benavides del Estado Mayor Central y cinco personas fueron capturadas.
El Ministerio de Defensa reportó además varios heridos y la incautación de armas, municiones y otros elementos que, según las autoridades, estarían relacionados con la estructura armada.
Los operativos también han permitido, de acuerdo con el Gobierno, ubicar laboratorios destinados al procesamiento de drogas, incautar insumos utilizados en actividades ilícitas e intervenir maquinaria relacionada con la minería ilegal.
Polémica por las operaciones militares
La política de seguridad del nuevo Gobierno también ha generado cuestionamientos por algunas operaciones realizadas mediante bombardeos.
A finales de agosto, un operativo en el Guaviare dejó varios integrantes de una disidencia muertos. Entre las víctimas había tres menores de edad, según la información oficial citada en el reporte.
La Defensoría ha insistido en que, aun frente a organizaciones armadas ilegales, las actuaciones estatales deben mantenerse dentro de los principios del derecho internacional humanitario y la protección de la población civil.
El enfrentamiento entre el Gobierno y los grupos armados se mantiene así como uno de los principales desafíos de la nueva administración, mientras crece el debate sobre los límites de la estrategia de seguridad y el lenguaje utilizado por las autoridades frente a la violencia.
