Defensoría pide fortalecer alertas ante fenómenos
La Guajira, Arauca, Norte de Santander, Boyacá, Vichada, Meta y Guaviare han sido los más afectados por el polvo del Sahara.
Ante los anuncios de nuevos fenómenos atmosféricos y climatológicos que pueden afectar distintos territorios del país, como un
nuevo frente frío y a lo que será la llegada del polvo del Sahara, la Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la insuficiente gestión de comunicación del riesgo en las regiones que potencialmente podrían verse impactados.
El polvo del Sahara es una masa de aire cargada con partículas de arena y minerales provenientes del desierto africano que cruza el océano Atlántico y llega periódicamente a América Latina. Es preciso, por lo tanto, remarcar que La Guajira, Arauca, Norte de Santander, Boyacá, Vichada, Meta y Guaviare son departamentos que históricamente han registrado los mayores impactos.
Aunque este fenómeno es natural, puede generar efectos en la calidad del aire, disminución de la visibilidad y afectaciones en la salud, particularmente en niñas, niños, jóvenes, personas mayores, mujeres gestantes y personas con patologías respiratorias
[como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc)].
Sumado a lo anterior, el nuevo frente frío ocasionaría lluvias intensas, descensos de temperatura y eventuales emergencias asociadas a deslizamientos e inundaciones. Estos eventos, que se presentan cuando aún son recientes las afectaciones ocasionadas por las lluvias en distintos territorios, incrementan la vulnerabilidad de la población y profundizan
los riesgos existentes; por lo que es clave una respuesta articulada, preventiva y basada en información clara y oportuna para la ciudadanía.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo insta a las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (en todos los niveles: nacional, departamental, distrital y municipal) a implementar las medidas necesarias para afrontar la situación. Por ejemplo, les pide fortalecer la comunicación pública del riesgo, emitir lineamientos precisos y oportunos, así como orientar las comunidades sobre acciones de cuidado y prevención.
La gestión adecuada del riesgo no es solo una obligación institucional, sino una condición fundamental para asegurar los derechos a la salud, a la vida digna y al acceso a información clara. Además, exige acciones inmediatas, coordinadas y eficaces de las
autoridades competentes.