Según Jorge Armando Otálora, en el país hay un hacinamiento del 52% en las principales cárceles del país. Las denuncias se vienen haciendo hace 7 meses y hasta el momento no hay respuesta del gobierno para este problema social.
El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, le solicitó al Gobierno estudiar la posibilidad de acudir a la figura constitucional de la declaratoria de emergencia social para que pueda enfrentar de manera urgente los grandes problemas de hacinamiento, salud y servicios que enfrenta la población penitenciaria y carcelaria del país.
Las declaraciones fueron hechas durante la instalación de las sesiones que adelantará la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) esta semana en la capital de Antioquia, y luego de que un fallo de tutela del Tribunal Superior de Medellín ordenara, a partir de hoy, no recluir más presos en la cárcel de Bellavista, donde se registra un hacinamiento del 210%.
Esto se suma a la decisión del juez primero de menores de Bucaramanga de no permitir que ningún condenado o sindicado pueda ser recibido en el pabellón 4 del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de la capital de Santander durante tres meses.
Lo mismo ocurrió hace un mes para la cárcel Modelo de Bogotá, que registra un hacinamiento de 230%, donde la juez 56 penal del circuito ordenó no realizar traslado de presos durante tres meses. Este tipo de decisiones ha generado que se complique la situación de hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), donde los detenidos pasan varias semanas en los pasillos esposados al mobiliario.
En el caso de Bogotá, para enfrentar el hacinamiento que llegaba al 255% en la URI de Engativá, la Defensoría logró que la Secretaría de Gobierno Distrital permitiera que en la Cárcel Distrital y en La Picota recibieran a cerca de 212 detenidos.
Según el Defensor del Pueblo, el sistema carcelario está viviendo una crisis profunda en todo el país y por eso el Ministerio de Justicia y la Fiscalía cuenta con proyectos de ley para tratar de enfrentar la persistente y sistemática violación de los derechos humanos de la población reclusa en los centros penitenciarios y carcelarios de todo el país.
Sin embargo, para Otálora Gómez “lo que se ha demandado del Gobierno Nacional es una política de choque o si es necesario acudir a la figura de la emergencia social consagrada en el artículo 215 de la Constitución Política para que disponga de las herramientas jurídicas que le permita enfrentar este problema que viene como un efecto dominó”.
El Defensor del Pueblo ha venido denunciando este tema de manera reiterada desde hace siete meses, en las 22 visitas que ha realizado a los diferentes centros de reclusión del país donde ha detectado problemas comunes de hacinamiento y deficiencias en la prestación de servicios de salud, de agua y saneamiento básico.
Hoy el hacinamiento ronda el 52% a nivel nacional, sin embargo, la Defensoría ha constatado niveles hasta del 400%, como en el caso de Riohacha. Se han identificado graves problemas en el suministro de agua en Valledupar y La Dorada.
También viene haciendo acompañamiento jurídico a los 115 indígenas condenados por la jurisdicción especial indígena, quienes purgan su sanción en la cárcel de San Isidro Popayán.