De la Espriella endurece la seguridad colombiana

El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha marcado un giro en la política de seguridad de Colombia, con una estrategia basada en la ofensiva militar y policial contra las estructuras armadas y el narcotráfico, acompañada de una intensa exposición mediática de los resultados de la Fuerza Pública.

El presidente ha defendido una política de “mano de hierro” frente a las guerrillas, grupos paramilitares y organizaciones dedicadas al narcotráfico, y ha insistido en que el Estado utilizará “las armas y las leyes” para recuperar el control de los territorios afectados por la violencia.

La estrategia representa un cambio frente al Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026), que apostó durante su mandato por la denominada ‘Paz total’, una política que buscaba avanzar mediante negociaciones simultáneas con diferentes organizaciones armadas.

Operaciones militares y exposición de resultados

Uno de los elementos más visibles del nuevo enfoque es la manera en que el propio presidente participa y comunica las operaciones de seguridad.

De la Espriella ha difundido imágenes en las que aparece acompañando operativos policiales y militares, portando chaleco antibalas, gorra policial y un radioteléfono. También publicó un video en el que se le observa caminando entre bolsas que contenían los cuerpos de presuntos integrantes de una disidencia de las antiguas FARC muertos durante un bombardeo.

En otra de sus apariciones públicas, el mandatario confrontó verbalmente a un integrante de una estructura disidente que era deportado hacia Estados Unidos.

La comunicación oficial también se ha concentrado en balances diarios. A través de sus redes sociales, el Gobierno divulga cifras relacionadas con capturas, incautaciones de drogas, decomiso de maquinaria utilizada para minería ilegal y otros resultados de las operaciones de la Fuerza Pública.

Esta forma de presentar la política de seguridad ha generado cuestionamientos sobre los límites de la comunicación gubernamental y sobre el riesgo de que la presión por exhibir resultados termine afectando la protección de los derechos humanos.

Un escenario marcado por el crecimiento de los grupos armados

La ofensiva estatal ocurre en un contexto de fortalecimiento de las organizaciones armadas.

De acuerdo con cifras citadas por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el número de integrantes de grupos armados aumentó un 23,5 % durante 2025, hasta alcanzar los 27.121 miembros. Al mismo tiempo, los ataques contra la Fuerza Pública crecieron un 62 % entre 2024 y 2025 frente al promedio registrado durante los dos años anteriores.

Uno de los episodios recientes que evidencia la capacidad de estos grupos para afectar la vida cotidiana de las comunidades ocurrió tras la muerte de un dirigente de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) durante una operación militar.

Como respuesta, esa organización impuso un paro armado de 72 horas en Santa Marta y municipios de su entorno, restringiendo la movilidad y provocando el cierre de establecimientos comerciales.

Para Javier Flórez, director del área de Conflicto y Seguridad de la FIP, el desafío consiste en determinar si la nueva estrategia producirá efectos sostenibles o si sus resultados serán principalmente simbólicos y mediáticos.

“Este país necesita primero proteger a la población civil”, señaló Flórez, al advertir sobre la situación que enfrentan comunidades en distintos territorios.

El investigador considera que Colombia necesitaba recuperar la iniciativa frente a los grupos armados después de los resultados de la ‘Paz total’, pero advierte que las operaciones militares deben estar dirigidas también contra las estructuras económicas que sostienen a las organizaciones criminales.

“Podemos seguir capturando, neutralizando, sometiendo a estructuras de la violencia organizada, pero si no golpeamos sus nodos críticos, no estamos realmente desestructurando las capacidades para que sigan expandiendo su poder criminal”, explicó.

El debate por los derechos humanos

La nueva política de seguridad también ha despertado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Uno de los principales riesgos señalados es que la búsqueda de resultados operacionales pueda generar presión sobre las autoridades para presentar cifras positivas, incluso cuando existan dudas sobre la condición de las personas involucradas en las operaciones.

Las organizaciones sociales han advertido sobre la posibilidad de que se repitan prácticas que recuerden a los llamados “falsos positivos”, en los que civiles fueron presentados como integrantes de grupos armados muertos en combate.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, expresó preocupación por el escenario actual y señaló que Colombia enfrenta simultáneamente un recrudecimiento de la violencia y un mayor control territorial de los grupos armados.

Según Callamard, la respuesta del nuevo Gobierno está adoptando un enfoque altamente militarizado, lo que plantea dificultades adicionales para garantizar la protección de la población civil.

La representante de Amnistía Internacional sostuvo que las comunidades pueden quedar atrapadas entre las organizaciones armadas y los dispositivos de seguridad del Estado.

Más allá de la presencia militar

El debate sobre la seguridad colombiana plantea así una cuestión que trasciende el número de capturas, incautaciones u operaciones militares.

La protección de la población civil también depende de la capacidad del Estado para garantizar servicios públicos, educación, transporte, atención social e inversión económica en las zonas donde las organizaciones armadas ejercen influencia.

La administración de De la Espriella ha optado por mostrar una ruptura con el modelo de negociación de su antecesor y por reivindicar una política de confrontación directa. El desafío será determinar si esa ofensiva consigue reducir de manera sostenida la capacidad de los grupos armados y mejorar las condiciones de seguridad de las comunidades, al tiempo que mantiene controles efectivos sobre el uso de la fuerza y garantiza los derechos fundamentales.

La discusión, por tanto, no se limita a cuántos operativos realiza el Estado o cuántos integrantes de grupos armados son capturados o neutralizados. También involucra la capacidad de transformar esos resultados inmediatos en una reducción duradera de la violencia y en una mayor presencia institucional en los territorios afectados.