La medida busca facilitar la movilización de recursos y la atención de la emergencia, así como acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, decretó el estado de emergencia económica, social y ecológica en 15 departamentos durante 30 días, como respuesta al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro-oeste del país el pasado 10 de agosto.
La medida busca facilitar la movilización de recursos y la atención de la emergencia, así como acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas. El Gobierno podrá expedir decretos con fuerza de ley y realizar operaciones presupuestales y de crédito público para enfrentar la crisis.
Según el balance presentado por el mandatario, el terremoto deja 314 personas fallecidas, 4.437 heridas y 262 desaparecidas. Además, 262.154 personas resultaron damnificadas, mientras que los daños incluyen más de 30.000 viviendas destruidas y cerca de 137.000 averiadas.
De la Espriella anunció además la creación de un denominado “fondo milagro”, destinado a canalizar recursos para reconstruir hospitales, centros educativos, viviendas, carreteras y aeropuertos afectados por el desastre.
Entre las medidas de apoyo previstas están subsidios de arrendamiento para las familias que perdieron sus viviendas, ayudas económicas, alivios tributarios y financieros y mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios.
El terremoto tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y es considerado una de las mayores tragedias naturales registradas en Colombia en las últimas décadas.
La oposición, encabezada por el senador Iván Cepeda y el expresidente Gustavo Petro, presentó un plan para atender a las comunidades afectadas y pidió garantizar alimentación, agua potable, vivienda y atención médica para los damnificados.
Cepeda también advirtió sobre el riesgo de nuevas emergencias relacionadas con la sequía, los incendios forestales y un eventual fenómeno de El Niño, y pidió al Gobierno adoptar medidas de prevención y coordinación.
Petro, por su parte, solicitó a De la Espriella retomar una reforma tributaria que había sido presentada durante su Gobierno y que, según sus cálculos, permitiría recaudar cerca de 20 billones de pesos para contribuir a financiar la reconstrucción, cuyo costo se estima en unos 30 billones.
La oposición también pidió reducir las tasas de interés y cuestionó cualquier eventual uso de la emergencia para ampliar la presencia de fuerzas militares extranjeras en territorio colombiano.
El Gobierno deberá ahora ejecutar las medidas extraordinarias contempladas en el decreto mientras avanzan las labores de atención a las víctimas y la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto.