El jefe de Estado dio a conocer el nuevo balance este miércoles mediante un video divulgado por la Presidencia.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, aseguró que ha firmado 70 extradiciones durante los 32 días que lleva en el Gobierno, un promedio superior a dos por día y una cifra que, según el mandatario, forma parte de su estrategia para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
El jefe de Estado dio a conocer el nuevo balance este miércoles mediante un video divulgado por la Presidencia, en el que aparece firmando nuevas órdenes de extradición.
“Como pueden ver, estoy decidido a poner en marcha los mecanismos de cooperación internacional para combatir al crimen con todo”, afirmó De la Espriella.
El mandatario agregó que su Gobierno continuará enfrentando al crimen organizado y al denominado “narcoterrorismo”, y aseguró que no se detendrá en su propósito de combatir a estas estructuras.
“Vamos a hacer la pelea contra el crimen organizado y el narcoterrorismo. No vamos a parar un segundo hasta derrotarlos”, manifestó.
Las 70 extradiciones anunciadas por De la Espriella representan un aumento de 29 casos frente al balance que el propio presidente había presentado el pasado 29 de agosto, cuando llevaba 19 días en el cargo.
En ese momento, el mandatario había informado que había firmado 41 extradiciones.
Trece días después, la cifra aumentó hasta 70.
El nuevo balance supone que durante esos 13 días se firmaron otras 29 órdenes, en el marco de una política que el Gobierno presenta como una de sus principales herramientas para combatir a las organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras actividades criminales.
El pasado 29 de agosto, cuando anunció las primeras 41 extradiciones, De la Espriella ya había anticipado que continuaría utilizando este mecanismo.
“Vamos a seguir firmando más, porque la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico no se detiene”, había declarado entonces.
Con las 70 órdenes anunciadas ahora, el presidente sostiene que su Gobierno está utilizando de manera intensiva los mecanismos de cooperación judicial internacional durante su primer mes de administración.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó que los procesos de extradición continúan avanzando, aunque señaló que no revelará los nombres de las personas incluidas en las nuevas órdenes.
Cancino explicó que los procedimientos forman parte de un proceso permanente que se desarrolla de manera continua.
“Nombres no puedo dar, pero es un proceso (…) de todos los días, sin parar”, afirmó el ministro ante los medios de comunicación.
La reserva impide conocer públicamente quiénes son las personas que hacen parte de este nuevo grupo de extradiciones, así como los países que las requieren y los delitos específicos por los cuales son solicitadas.
El Gobierno, por ahora, se ha limitado a informar el número total de órdenes firmadas y a destacar su importancia dentro de la política contra el crimen organizado y el narcotráfico.
De la Espriella ha presentado la extradición como uno de los mecanismos centrales para fortalecer la lucha contra las estructuras criminales.
La estrategia busca aprovechar la cooperación con otros países para procesar a personas requeridas por delitos relacionados con el narcotráfico y otras actividades criminales.
El presidente ha insistido en que Colombia debe utilizar los instrumentos de cooperación internacional para perseguir a organizaciones que, según el Gobierno, tienen capacidad de operar más allá de las fronteras nacionales.
En ese contexto, las 70 extradiciones anunciadas coinciden con un acercamiento entre Colombia y Estados Unidos en materia de seguridad, inteligencia y lucha contra el tráfico de drogas.
En medio de esta ofensiva contra el narcotráfico, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Colombia no ha solicitado el envío de soldados estadounidenses para combatir directamente a los carteles de la droga en territorio colombiano.
Rubio explicó que la solicitud de Bogotá está enfocada en otro tipo de cooperación, principalmente en inteligencia, equipos y entrenamiento especializado.
“Los colombianos nunca han pedido que soldados estadounidenses vengan a Colombia y se enfrenten a los carteles de la droga”, afirmó Rubio ante la prensa.
Las declaraciones fueron realizadas después de una reunión bilateral con el presidente De la Espriella en Barranquilla, donde ambos gobiernos abordaron asuntos relacionados con seguridad y cooperación contra el narcotráfico.
Rubio señaló que las autoridades colombianas están dispuestas a asumir por sí mismas la mayor parte de la lucha contra las organizaciones criminales.
“La mayoría de esta lucha las autoridades colombianas están dispuestas a asumirla ellas mismas. Solo necesitan nuestra ayuda con equipos, con inteligencia y, a veces, con algún entrenamiento especializado”, agregó.
Las declaraciones de Rubio adquieren relevancia porque se producen menos de un mes después de que el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, afirmara que Colombia había solicitado operaciones militares conjuntas con Estados Unidos contra organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Hegseth también había anunciado que Colombia se incorporaría como el miembro número 19 de la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), una iniciativa promovida por Washington.
La declaración de Rubio presenta una diferencia frente a aquella versión, ya que el secretario de Estado negó que Colombia haya solicitado el envío de soldados estadounidenses para enfrentarse directamente a los carteles.
En lugar de un despliegue de tropas estadounidenses, Rubio describió una cooperación basada en capacidades que permitan a las autoridades colombianas fortalecer sus propias operaciones.
Durante la reunión con De la Espriella, Rubio destacó que existe interés en profundizar la cooperación de seguridad entre ambos países.
La asistencia estadounidense estaría orientada a proporcionar herramientas que permitan a Colombia aumentar su capacidad para combatir el narcotráfico.
El Gobierno colombiano ha planteado la necesidad de contar con apoyo en áreas como inteligencia, equipos y entrenamiento.
La cooperación también se desarrolla dentro de un contexto regional en el que Estados Unidos busca fortalecer sus alianzas con gobiernos que han adoptado posiciones más duras frente al narcotráfico y el crimen organizado.
Para De la Espriella, la relación con Washington constituye un elemento importante de su estrategia de seguridad.
Rubio y De la Espriella se reunieron en Barranquilla, en el marco de la visita del secretario de Estado estadounidense a Colombia.
El encuentro se produjo mientras el Gobierno colombiano busca reforzar su política contra el narcotráfico y establecer nuevos mecanismos de cooperación con Estados Unidos.
La reunión también se desarrolló en un momento de acercamiento político entre Bogotá y Washington en asuntos de seguridad.
El mandatario colombiano ha defendido la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para enfrentar a las organizaciones criminales y ha planteado una política de mayor presión contra el narcotráfico.
La diferencia entre las declaraciones de Rubio y Hegseth deja abierto un interrogante sobre el alcance exacto de la cooperación militar y de seguridad entre Colombia y Estados Unidos.
Mientras Hegseth había señalado que Colombia solicitó operaciones militares conjuntas contra el narcotráfico y había anunciado su incorporación a la coalición impulsada por Washington, Rubio aseguró que Bogotá no pidió el envío de soldados estadounidenses para combatir directamente a los carteles.
El secretario de Estado insistió en que la mayor parte de las operaciones continuará en manos de las autoridades colombianas.
El apoyo de Estados Unidos, según su explicación, estará centrado en proporcionar capacidades adicionales mediante inteligencia, equipos y entrenamiento especializado.
Las extradiciones anunciadas por De la Espriella se enmarcan en una política de seguridad que el Gobierno presenta como una ofensiva contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y el crimen organizado.
El presidente ha utilizado en sus intervenciones públicas términos como “narcoterrorismo” para referirse a las estructuras que pretende combatir.
La firma de las órdenes de extradición durante las primeras semanas de su mandato busca mostrar que la persecución de estas organizaciones es una prioridad para su administración.
El Gobierno sostiene que la cooperación internacional permitirá llevar ante la justicia de otros países a personas requeridas por delitos que trascienden las fronteras colombianas.
Con 70 órdenes firmadas en 32 días, el ritmo informado por el Gobierno supera las dos extradiciones diarias durante el primer mes de la administración.
La cifra contrasta con el balance de 41 extradiciones que el presidente había anunciado el 29 de agosto, cuando apenas llevaba 19 días en el cargo.
El incremento de 29 casos en 13 días muestra que el Gobierno ha mantenido una actividad constante en la firma de estas órdenes.
Sin embargo, el ministro de Justicia ha advertido que los nombres de las personas involucradas no serán revelados por ahora.
La información disponible se limita al número de extradiciones y a las declaraciones oficiales sobre la estrategia de seguridad.
De la Espriella ha dejado claro que las 70 extradiciones no representan el cierre de esta estrategia.
El mandatario aseguró que seguirá firmando nuevas órdenes como parte de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
La política estará acompañada por el fortalecimiento de la cooperación con Estados Unidos, aunque Washington ha precisado que su apoyo no implica, según Rubio, el despliegue de soldados estadounidenses para combatir directamente a los carteles en Colombia.
El objetivo declarado es que las autoridades colombianas continúen liderando las operaciones, mientras Estados Unidos aporta inteligencia, equipos y entrenamiento.
Por ahora, el Gobierno colombiano mantiene en reserva los nombres de los nuevos extraditados y no ha entregado detalles individuales de los procesos.
La cifra de 70 extradiciones en los primeros 32 días convierte esta herramienta en uno de los principales símbolos de la política de seguridad de De la Espriella, mientras la relación con Washington adquiere un papel cada vez más importante en la estrategia regional contra el narcotráfico y el crimen organizado.