La Procuradora advirtió sobre una crisis que afecta la salud de millones en Colombia, señalando fallas graves y exigiendo acciones inmediatas.
En su audiencia final de rendición de cuentas, Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación, alertó sobre la crítica situación que atraviesan millones de pacientes en el sistema de salud colombiano. Según afirmó, la crisis se agrava por problemas financieros y operativos que limitan el acceso a servicios y medicamentos esenciales, afectando directamente a quienes más dependen del sistema.
“La insuficiencia financiera y la falta de gestión efectiva están condenando a los pacientes a enfrentar barreras inadmisibles en el acceso a la salud”, expresó la Procuradora. Aunque las fallas en las EPS e IPS son evidentes, subrayó que los pacientes, los actores más importantes en el sistema, son los principales afectados.
Uno de los aspectos más alarmantes expuestos fue el desabastecimiento de medicamentos, una problemática que, según Cabello, se ha intensificado desde 2022 debido a la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los atrasos en los presupuestos máximos. Esto ha generado graves limitaciones en la atención de enfermedades catastróficas como el cáncer, el VIH y enfermedades huérfanas, dejando a miles sin los tratamientos que necesitan con urgencia.
La Procuradora criticó al Ministerio de Salud y al Invima por su falta de respuesta efectiva frente a esta crisis. Según ella, las acciones necesarias para garantizar la política farmacéutica no han sido implementadas, perpetuando una situación que pone en riesgo la vida de los colombianos más vulnerables.
Desde la Procuraduría General de la Nación se adelantan investigaciones para determinar responsabilidades y exigir soluciones inmediatas que prioricen el bienestar de los pacientes. “Estamos hablando de vidas humanas, no de un problema que pueda seguir postergándose”, enfatizó Cabello.
La jefe del Ministerio Público concluyó con un llamado firme al Gobierno nacional, instando a actuar con urgencia para garantizar el respeto al derecho fundamental a la salud de todos los colombianos.