Un estudio revela los vacíos en la atención a la salud mental en Colombia, donde más de 10.000 jóvenes han perdido la vida en los últimos 11 años.
Una investigación realizada por la Unidad de Investigación Periodística (UIP) del Politécnico Grancolombiano ha sacado a la luz un preocupante panorama: en los últimos 11 años, 10.108 jóvenes, entre los 15 y 29 años, se han quitado la vida en Colombia. A pesar de este alarmante dato, los esfuerzos para atender la crisis de salud mental en el país siguen siendo insuficientes, como lo demuestra el informe titulado Trastorno de un estado sin dinero.
Uno de los principales hallazgos de la investigación es la baja inversión en salud mental. Entre 2018 y 2023, el Ministerio de Salud destinó apenas el 1 % de su presupuesto total a la promoción de la salud mental, cuando la recomendación internacional es del 5 %. Esta falta de recursos se refleja en la escasez de camas hospitalarias especializadas y la limitada presencia de psiquiatras, con solo 2,5 profesionales por cada 100.000 habitantes.
La teleorientación ha sido una de las pocas estrategias implementadas, pero con problemas de operatividad. Desde su lanzamiento en 2020, la línea nacional de salud mental ha recibido 42.927 llamadas, aunque ha operado de forma intermitente en 16 de los 40 meses desde su creación. Además, solo 21 de los 32 departamentos cuentan con líneas activas, lo que agrava la situación en regiones como Guaviare y Casanare.
Aunque la Ley 1616 de 2013 estableció un marco legal para garantizar el derecho a la salud mental en Colombia, su implementación ha sido limitada por la falta de inversión. Algunas ciudades, como Bogotá y Antioquia, han aumentado sus presupuestos en salud mental desde la pandemia, pero los problemas estructurales persisten, incluyendo la falta de personal capacitado y la coordinación entre entidades.
Para enfrentar la crisis, los expertos señalan que la solución no debe recaer únicamente en el Ministerio de Salud. Las instituciones educativas tienen un papel crucial en la prevención y promoción de la salud mental, y deben colaborar con las EPS, IPS y el Gobierno para crear un sistema integral que aborde las necesidades de los jóvenes.