Corte avala doble licencia de maternidad por un mismo hijo

La decisión de la Corte Constitucional marca un precedente jurídico relevante, pero también abre una discusión económica que no puede ignorarse. El caso de Paola —madre no gestante que amamantó y asumió el cuidado del menor— pone sobre la mesa una realidad que la normativa laboral no había contemplado: la diversidad de las estructuras familiares. Sin embargo, reconocer derechos sin definir claramente su financiación es una fórmula que, en el mediano plazo, suele trasladar tensiones al sistema de salud y al mercado laboral.

El fallo corrige una omisión evidente: el cuidado no depende exclusivamente de quien gesta. En este caso, la decisión obliga a la EPS Sanitas a reconocer derechos que antes se negaban bajo una interpretación restrictiva de la norma. Desde una perspectiva social, el avance es coherente con la evolución de los modelos familiares; desde una perspectiva institucional, deja un vacío regulatorio que ahora el Congreso deberá resolver bajo presión.

El problema de fondo no es el reconocimiento del derecho, sino su sostenibilidad. Dos licencias de maternidad por un mismo hijo implican mayores costos para el sistema, que en Colombia ya enfrenta problemas estructurales de financiamiento. Si estas decisiones se multiplican sin una reforma integral, el riesgo es claro: más carga sobre un sistema que ya opera con déficits, lo que podría traducirse en retrasos, barreras de acceso o ajustes en otros beneficios.

También hay un efecto indirecto en el mercado laboral que merece atención. Aunque el fallo busca garantizar igualdad, puede generar incentivos contradictorios para empleadores, especialmente en sectores donde la contratación femenina ya enfrenta barreras. Si no se diseñan mecanismos de compensación adecuados, decisiones bien intencionadas pueden terminar reforzando desigualdades que intentan corregir.

Al mismo tiempo, la Corte envía un mensaje político claro: el país va tarde en la regulación de las licencias parentales. La exhortación al Congreso no es menor; es, en la práctica, un reconocimiento de que el marco normativo actual es insuficiente para responder a las nuevas dinámicas sociales. El problema es que, como suele ocurrir, la justicia avanza más rápido que la legislación, dejando zonas grises que generan incertidumbre.

En términos de política pública, este fallo es un punto de quiebre. Obliga a repensar el concepto de maternidad, pero también el de corresponsabilidad en el cuidado. La pregunta que queda es incómoda pero necesaria: ¿está el país preparado para asumir el costo de estos nuevos derechos o, como en otros casos, se celebran avances jurídicos sin medir plenamente sus implicaciones económicas?