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¿Corrupción de las EPS con la plata de la salud en pandemia?

La Contraloría revela irregularidades y desvíos billonarios en 24 EPS, con dineros destinados a gastos indebidos durante la pandemia.

¿Corrupción de las EPS con la plata de la salud en pandemia?

La Contraloría General de la República reveló hallazgos fiscales en 24 Empresas Promotoras de Salud (EPS), señalando desvíos de recursos por un total de $11,3 billones de pesos durante la vigencia 2020. De estos, $6 billones fueron utilizados indebidamente para cubrir deudas de años anteriores, mientras que $5,3 billones están bajo investigación preliminar por falta de soporte sobre su uso.

La auditoría, presentada por el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez Becerra, detalla cómo algunas EPS, incluyendo Nueva EPS y FAMISANAR, desviaron fondos destinados a la salud para gastos ajenos, como clases de yoga, pagos de honorarios a directivos y pautas publicitarias. Estos hechos fueron calificados de alto impacto nacional y serán investigados por la Unidad de Delitos Especiales contra la Corrupción.

El informe señala que en plena pandemia por COVID-19, cuando se giraron $41 billones para atender la emergencia, las EPS no solo no devolvieron excedentes, sino que utilizaron los recursos para pagar deudas antiguas, violando el principio de anualidad que rige el uso de fondos públicos. Entre los casos más alarmantes, se destacan giros sin soportes por $2,1 billones en Nueva EPS y $643 mil millones en FAMISANAR.

La Contraloría también identificó pagos que no guardan relación directa con la prestación de servicios de salud, como es el caso de la Nueva EPS, que destinó $40 mil millones de pesos a créditos bancarios para gastos personales de directivos y otros fines no permitidos por la ley.

A raíz de estos hallazgos, se iniciarán procesos de responsabilidad fiscal y se dará traslado de la información a la Fiscalía General y la Procuraduría. La Contraloría advierte que la desviación de recursos públicos de salud representa un grave riesgo para el sistema, ya que compromete la atención adecuada de los usuarios y socava la confianza en las instituciones encargadas de velar por la salud pública en Colombia.