Contratación estatal dispara alertas antes de la Ley de Garantías

La Contraloría General de la República reveló un comportamiento contractual sin precedentes justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales. Entre el 1 y el 7 de noviembre de 2025 se comprometieron $9 billones en convenios y contratos interadministrativos, una cifra que supera ampliamente los niveles habituales del Estado. El mayor punto crítico ocurrió el 7 de noviembre, cuando se registraron $6,1 billones en un solo día, equivalentes al 68% del total firmado en la semana.

El organismo de control catalogó este comportamiento como una señal temprana de riesgo en el marco de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Según el análisis, solo la contratación del 7 de noviembre representó un incremento del 190% frente al promedio mensual de enero a agosto, al triplicar los niveles regulares de gasto. Este patrón, explicó la entidad, evidencia fallas de planeación y posibles aceleraciones contractuales asociadas al cierre preelectoral.

El Departamento de Prosperidad Social concentró una parte significativa del movimiento financiero, al registrar $770 mil millones, es decir, el 8,5% de toda la contratación reportada en ese periodo. La Contraloría indicó que aún se evalúa el impacto territorial de los contratos para determinar qué departamentos tuvieron mayores variaciones frente a la tendencia histórica.

La información analizada proviene del SECOP y fue procesada mediante el Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo, presentado por la Contraloría el 10 de noviembre. Esta herramienta examina patrones agregados de contratación, tipos de procesos, entidades ejecutoras y valores suscritos con el fin de identificar operaciones sensibles como eventos, suministros, logística y otros objetos particularmente susceptibles a incrementos en épocas preelectorales.

En conjunto con la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), la entidad adelantará vigilancia continua sobre los contratos firmados entre septiembre y los primeros días de noviembre. El objetivo es anticipar riesgos, emitir alertas tempranas y garantizar que los recursos públicos no se utilicen en contravención de la Ley 996 de 2005 ni se orienten a fines distintos al interés general.