Contraloría vigila intervenciones de Superservicios
Contraloría vigila a Superservicios por intervenciones sin sustento claro, que podrían afectar energía, gas, inversión extranjera y fondos públicos.
La Contraloría General de la República inició un seguimiento permanente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de establecer si las recientes intervenciones en empresas del sector energético se ajustan a fundamentos económicos, técnicos y jurídicos. Según el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, no hay claridad sobre los motivos de dichas decisiones, lo que podría afectar la prestación del servicio de energía y gas, la inversión extranjera y el manejo de recursos públicos.
La medida preventiva, que hace parte de las funciones constitucionales de la entidad, será liderada por las delegadas para los sectores de Minas y Energía, y de Vivienda y Saneamiento Básico. El objetivo es consolidar información técnica que permita identificar las razones detrás de las actuaciones adoptadas por la Superintendencia, en el marco de su competencia regulatoria y de control.
Rodríguez Becerra señaló que la situación representa una alerta institucional, ya que las intervenciones podrían desestabilizar el sistema de prestación de servicios públicos domiciliarios. A su juicio, es indispensable revisar si estas acciones cuentan con el soporte legal requerido, o si por el contrario, ponen en riesgo la continuidad del servicio a millones de usuarios en todo el país.
La Contraloría también articulará esfuerzos con la Procuraduría General de la Nación para determinar si existen faltas disciplinarias o fiscales derivadas de estas decisiones. Esta coordinación se hará con base en la Circular Conjunta No. 006 del 29 de abril de 2025, que establece mecanismos de cooperación entre ambas entidades para actuar ante riesgos que afecten servicios esenciales.
En ese sentido, se ha convocado para el próximo 10 de junio una mesa técnica conjunta entre la Contraloría, la Procuraduría, los ministerios de Minas y Energía, y de Hacienda y Crédito Público, así como gremios del sector energético y la propia Superintendencia. En esta reunión se evaluarán las problemáticas estructurales que inciden en la calidad del servicio eléctrico y del gas domiciliario.