Contraloría exige más recursos para la Ley de Víctimas

La Contraloría General de la República ha solicitado al Gobierno nacional un mayor esfuerzo fiscal para asegurar la implementación adecuada de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Durante el período de 2012 a 2023, el Estado ha ejecutado $218,5 billones a precios constantes de 2024, de los cuales el 58% provienen del Sistema General de Participaciones (SGP) y del Régimen Subsidiado de Salud (RSS). Estos fondos, sin embargo, no están dirigidos exclusivamente a las víctimas, sino a la población en general.

El ente de control ha advertido que para cumplir con las metas de la Ley 1448 de 2011 y su prórroga hasta 2031, se requerirán $303,9 billones adicionales entre 2024 y 2031, es decir, un promedio de $37,9 billones anuales. Las principales necesidades identificadas incluyen vivienda urbana y rural ($118 billones), indemnización individual y colectiva ($83,6 billones), generación de ingresos ($36,8 billones), subsistencia mínima ($12,9 billones), y educación superior ($7,1 billones).

En su Undécimo informe de monitoreo, la Contraloría destacó que el 77% de las víctimas aún enfrentan déficit habitacional y que su participación en los subsidios de vivienda ha disminuido drásticamente, del 73,4% en 2013 al 11,9% en 2023. También se resaltó la falta de integración y calidad en los sistemas de información, como Vivanto y E-Signa, lo que dificulta la gestión de la política pública de víctimas.

La Contralora delegada para el Posconflicto, Luz Amparo Echeverry, llamó a una mejor coordinación entre las entidades nacionales y territoriales para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos destinados a las víctimas. Además, informó sobre los 40 procesos de responsabilidad fiscal en curso y las 7 indagaciones preliminares que se están llevando a cabo por un valor de $43.681 millones, reflejando un enfoque más riguroso en el control de los fondos asignados a la política pública de víctimas.

Finalmente, la Contraloría anunció futuras auditorías en entidades territoriales con situaciones humanitarias críticas y bajos niveles de gestión, y subrayó la importancia de crear una política pública específica para la generación de ingresos para la población víctima, alineada con los objetivos del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas (SNARIV). Luz Amparo Echeverry reafirmó el compromiso del ente de control en la supervisión y seguimiento de estos recursos para asegurar que cumplan su propósito de mejorar las condiciones de vida de las víctimas en Colombia.