Contraloría alerta déficit crítico en subsidios 2025

La Contraloría General de la República alertó que la brecha financiera para cubrir los subsidios de energía eléctrica y gas en 2025 mantiene un riesgo fiscal estructural. La advertencia se emitió durante la quinta Mesa Técnica Conjunta con la Procuraduría, convocada para evaluar cómo el Gobierno está gestionando, apropiando y pagando estos subsidios en medio de crecientes presiones tarifarias.

Según el organismo de control, aunque la apropiación inicial para el sector eléctrico asciende a $3,16 billones, solo cubre el 47% de los $6,6 billones necesarios para atender la demanda real del próximo año. A pesar de que los pagos ejecutados ya alcanzaron $2,58 billones, la entidad reiteró que el Ministerio de Minas y Energía mantiene pendientes giros por $580.000 millones que podrían aliviar temporalmente la presión financiera.

El panorama del gas combustible también resultó crítico: la ejecución del 100% de los recursos disponibles dejó sin capacidad presupuestal al programa para lo que resta de 2025. Esto obliga a apropiar cerca de $750 mil millones adicionales para garantizar la continuidad del subsidio. En el caso del GLP, los proyectos asociados a infraestructura y subsidios avanzan al 71%, pero la iniciativa de sustitución de leña —clave para la transición energética justa— solo llega al 17%, lo que, según la Contraloría, evidencia demoras injustificadas en el Ministerio.

Durante la sesión, el organismo también advirtió que la deuda acumulada de la opción tarifaria del Covid-19 alcanzó $4,5 billones, de los cuales $2,6 billones corresponden a usuarios de estratos 1, 2 y 3. Aunque se propuso reconocer este pasivo como deuda de la Nación, la medida no fue incluida en los proyectos de financiamiento ni en el presupuesto de 2026, lo que incrementa el riesgo para prestadores y usuarios vulnerables.

Como parte de las acciones preventivas, la Contraloría anunció el fortalecimiento de un modelo de análisis de datos en tiempo real para monitorear mensualmente las apropiaciones, giros y saldos pendientes en materia de subsidios. Esta herramienta permitirá ejercer un control más riguroso sobre el uso de los recursos públicos y detectar retrasos que afecten la sostenibilidad del sistema.

La entidad también reiteró su preocupación por la situación de la empresa Air-e S.A.S., intervenida por la Superintendencia, y aseguró que mantendrá vigilancia permanente para garantizar la prestación del servicio en la Costa Caribe. Aunque celebró el aumento del 37,1% en la inversión prevista para 2026, advirtió que los $4 billones proyectados siguen siendo insuficientes para cerrar la brecha estructural del sector energético.