La Contraloría advierte sobre un posible apagón que afectaría a 10 millones de personas si no se toman medidas urgentes en el sector energético.
La Contraloría General de la República ha reiterado su preocupación por la situación crítica en la prestación del servicio público de energía en Colombia, advirtiendo que más de 10 millones de personas podrían quedar sin electricidad si no se toman acciones inmediatas. Esta alerta llega tras analizar el déficit de operación de empresas como AIRE y AFINIA, que operan en la Costa Atlántica.
El ente de control ha señalado que una intervención estatal para mantener a flote estas compañías podría costarle al gobierno $4 billones al año. Esto afecta no solo a las finanzas nacionales, sino también a departamentos como Antioquia, cuyo desarrollo económico depende de empresas energéticas como EPM. La Contraloría ha hecho un llamado urgente al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Minas y Energía para que implementen soluciones rápidas y efectivas.
El problema se origina en el atraso en los giros de subsidios y la falta de pago de las deudas del Estado con las compañías de energía. Estos factores han comprometido la capacidad financiera de las empresas para operar y garantizar un servicio de calidad. Si no se abordan estos problemas, la cesación en el suministro de energía podría tener repercusiones en todo el país, afectando otros servicios esenciales como el gas.
El posible colapso en la prestación de estos servicios no solo comprometería a la Región Caribe, sino que podría extenderse a otras regiones del país. La falta de acciones concretas por parte del gobierno central pone en riesgo el bienestar de millones de colombianos, afectando el desarrollo y la equidad en el acceso a servicios básicos.
La Contraloría ha insistido en que el gobierno debe cumplir con su compromiso de garantizar la prestación del servicio público de energía, ya que esto es clave para el desarrollo social y económico de la nación.