Congreso aprueba Ley de Sometimiento a la Justicia

Las Comisiones Primeras conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron el proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia, una iniciativa del Gobierno nacional que establece condiciones judiciales para integrantes de grupos armados y estructuras criminales que decidan someterse a la justicia.

La propuesta avanzó en medio de la presión por los plazos legislativos, debido a que la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, debe renovarse antes del próximo 4 de noviembre. Esta norma establece el marco jurídico para que el Gobierno defina estrategias frente a las organizaciones criminales.

Tras la aprobación en comisiones, el proyecto deberá superar los debates en las plenarias de Senado y Cámara para completar su trámite dentro del plazo previsto.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que la iniciativa mantiene, en términos generales, la estructura presentada por el Ejecutivo, aunque durante la discusión se incorporaron modificaciones relacionadas con la representación de las organizaciones, la protección de las víctimas y las obligaciones de quienes busquen acceder a beneficios judiciales.

Cambios en la representación y protección de las víctimas

Uno de los ajustes establece que el interlocutor de los grupos armados o las bandas criminales ante la justicia no tendrá que ser necesariamente un abogado. La organización podrá designar a otra persona para cumplir esa función, sin que ello implique el reconocimiento de estatus político.

Según el ministro Cancino, también se incluyeron disposiciones para reforzar la protección de las víctimas, precisar las obligaciones de colaboradores y testaferros y fortalecer las medidas contra el reclutamiento de menores de edad.

El funcionario señaló que quienes se sometan deberán entregar una relación de sus bienes, que será verificada por la Fiscalía General de la Nación. Además, explicó que los beneficios estarán sujetos al cumplimiento de las condiciones establecidas y que se incorporaron obligaciones específicas relacionadas con la verdad y la restitución de los derechos de los menores reclutados.

Reducciones de penas y entrega de bienes

El proyecto contempla beneficios judiciales diferenciados según el nivel de participación de cada integrante dentro de las estructuras criminales.

De acuerdo con lo expuesto durante el trámite, los integrantes rasos podrían acceder a reducciones de hasta el 50 % de sus penas, mientras que para los cabecillas la disminución máxima sería del 30 % de las penas acumuladas, conforme a las condiciones previstas en la iniciativa.

El mecanismo también establece que el sometimiento no implicará suspender las operaciones militares, levantar órdenes de captura ni eliminar las medidas de extradición.

Entre las obligaciones planteadas figuran la entrega de bienes obtenidos ilícitamente y el suministro de información sobre las rutas del narcotráfico. Estas condiciones buscan que el sometimiento incluya compromisos verificables ante las autoridades judiciales.

El Gobierno sostiene que la propuesta no crea una jurisdicción especial ni contempla amnistías, sino que establece un mecanismo para que los integrantes de estas organizaciones comparezcan ante la Fiscalía y sean juzgados por los jueces ordinarios de la República.

Rodrigo Lara defendió el proyecto antes de salir del cargo

Horas antes de que el presidente Abelardo De La Espriella anunciara su salida del Ministerio del Interior, Rodrigo Lara Restrepo defendió la iniciativa durante su discusión en el Congreso.

“Esto va para el que vive de la cocaína, del oro ilegal, de la extorsión, sin reconocerle, de ninguna manera, estatus político, se les ofrece es justicia”, afirmó Lara al explicar el alcance del proyecto.

El entonces ministro también sostuvo que la propuesta no contempla tribunales especiales ni cárceles diseñadas para los integrantes de estas organizaciones.

“Aquí no hay tribunal especial, no hay jurisdicción nueva, no hay amnistías, lo que hay, básicamente, es un marco para someterse a la Fiscalía y un juzgamiento por parte de jueces ordinarios de la República, con el Código de Procedimiento Penal a la mano”, manifestó.

Lara abandonó el Congreso aproximadamente a las 8:10 p. m., después de entregar declaraciones a los periodistas. Cerca de media hora más tarde se conoció el anuncio de su salida del Ministerio del Interior y la designación de Alejandro Ordóñez Maldonado como su reemplazo.

Mientras se formaliza la posesión del nuevo titular, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones de esa cartera.

El Congreso, contra el plazo de renovación

Con la aprobación en las comisiones conjuntas, el proyecto entra en una etapa decisiva. Las plenarias de Senado y Cámara deberán discutir y votar la iniciativa antes del vencimiento de la Ley de Orden Público, previsto para el 4 de noviembre de 2026.

La aprobación definitiva dependerá de que el texto consiga el respaldo requerido en ambas corporaciones y complete los procedimientos legislativos correspondientes.

De convertirse en ley, el mecanismo establecería condiciones para el sometimiento judicial de integrantes de grupos armados y bandas criminales, con obligaciones relacionadas con la entrega de bienes, el aporte de información y la protección de las víctimas, sin concederles reconocimiento político.