Con 3 años de cárcel serían castigados aquellos ciudadanos que sustraigan esta clase de elementos. Así fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera del Senado.
Las personas que en Colombia hurten, roben o comercialicen tapas de alcantarillas, los cables de teléfono o que participen directa o indirectamente en el daño parcial o integral a la infraestructura pública del país, serán castigados penalmente.
Así se desprende de un proyecto de ley de autoría del senador Mauricio Lizcano (Partido de la U) que fue aprobado por unanimidad por la comisión primera del senado, que además de las sanciones penales, normatiza sanciones administrativas e impone a la superintendencia de servicios públicos, establecer una hoja de ruta a las empresas del sector, con el propósito de reponer en horas, la tapas de las alcantarillas, y de paso, salvaguardar la integridad y la vida de los ciudadanos.
El proyecto de ley que hará tránsito a la plenaria del Senado, eleva a 3 años de cárcel para aquel ciudadano, que sea protagonista del hurto de alcantarillas. "Con esta sanción penal, se busca proteger la infraestructura de servicios públicos del país", dijo el senador Lizcano.
La iniciativa, también impone sanciones económicas como multas, al tiempo que elimina obligaciones tributarias para aquellas empresas que en término de horas (determinación de la Superintendencia de Servicios Públicos) repongan las tapas de alcantarillas o los cables de teléfono, garantizando el normal servicio público.
En Colombia en el los dos últimos años, más de una decena de ciudadanos han sufrido accidentes por el robo de alcantarillas, comprometiendo no solo su vida sino su integridad: La última de ellas, una menor de edad, en la ciudad de Bogotá.