Una investigación académica revela que el país invierte solo el 1 % del presupuesto en salud mental, pese al aumento de casos y suicidios juveniles.
Una radiografía de la salud mental en Colombia expone la magnitud de una crisis silenciosa que afecta principalmente a jóvenes entre 15 y 29 años. La investigación “Trastorno de un estado sin dinero”, realizada por la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano, muestra que entre 2013 y 2023 más de 10.000 jóvenes se quitaron la vida, mientras el Estado apenas destinó el 1 % del presupuesto sanitario a esta problemática.
El estudio, ganador de los Premios José de Recasens, advierte que, aunque el COVID-19 acentuó los trastornos mentales, la emergencia ya estaba en curso. Entre 2018 y 2023 se registraron 2,4 millones de atenciones por enfermedades mentales en jóvenes de 14 a 26 años, cifra que sigue en aumento pese a los limitados recursos del sistema.
Aunque la Ley 1616 de 2013 y su reciente actualización, la Ley 2460 de 2025, reconocen la salud mental como un derecho fundamental, la brecha entre la norma y su aplicación persiste. El Ministerio de Salud destinó 39 mil millones de pesos entre 2018 y 2023, monto muy inferior al 5 % recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Departamentos como Bogotá y Antioquia aumentaron su inversión tras la pandemia, pero siguen reportando insuficiencia de camas hospitalarias, largas demoras y escasez de personal especializado. En Colombia hay solo 1,8 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, muy por debajo del promedio de la OCDE (17 por cada 100.000).
La Línea Nacional 192 (opción 4), creada en 2020 para orientación psicológica, ha recibido más de 42.000 llamadas, aunque su funcionamiento ha sido irregular y solo 21 de los 32 departamentos cuentan con servicio activo. En territorios como Guaviare o Casanare, la atención es inexistente.
El informe concluye que enfrentar esta crisis exige una estrategia intersectorial, donde educación, salud y gobiernos locales trabajen de manera articulada. Más allá de los recursos, advierte la UIP, el país necesita empatía, escucha y políticas sostenidas para tratar la salud mental como lo que realmente es: una urgencia nacional.