Colombia lanza plan para sustitución de cultivos
Colombia destina fondos incautados al narcotráfico para reemplazar cultivos ilícitos con alternativas productivas y sostenibles en áreas protegidas.
El Gobierno de Colombia ha lanzado una estrategia innovadora para reemplazar cultivos ilícitos con alternativas sostenibles, usando un 30 % de los recursos confiscados al narcotráfico. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, dio el anuncio en la Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad (COP16) en Cali, donde se firmó el 'Convenio Marco del Programa Nacional de Transformación Ecológica y Productiva'. Este programa busca reemplazar los cultivos ilícitos en áreas ambientalmente sensibles, con énfasis en proteger la biodiversidad y fortalecer las economías locales.
Este acuerdo fue firmado por los ministerios de Justicia, Agricultura y Ambiente, junto con la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y fondos de conservación como el Fondo para la Vida y la Biodiversidad. La alianza marca un avance en la articulación interinstitucional y en la integración de la protección ambiental en la política antidrogas del país, priorizando la biodiversidad en zonas vulnerables.
El programa forma parte de la Política Nacional de Drogas, que incluye un componente ambiental esencial. La ministra Buitrago destacó que el enfoque de esta política es fomentar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales, valorando a las comunidades locales como parte vital de la naturaleza y clave en los esfuerzos de conservación y restauración ambiental.
A través de este programa, el gobierno espera reemplazar los cultivos ilícitos por opciones productivas sostenibles, lo que no solo generará ingresos legales para las comunidades rurales, sino que también contribuirá a la protección del medio ambiente en áreas de alta importancia ecológica. Con ello, se busca empoderar a los campesinos locales y ofrecerles incentivos para preservar la naturaleza.
La inversión proyectada para los próximos dos años apunta a transformar los territorios afectados por los cultivos ilícitos, brindando a las comunidades agrícolas acceso a apoyo económico por su compromiso con la conservación. Esta estrategia integral refleja la apuesta del Gobierno Nacional por un desarrollo sostenible que garantice una vida digna a los campesinos y fortalezca la biodiversidad del país.