La Contraloría alerta sobre la falta de previsión en la Seguridad Energética del país, lo que podría desencadenar escasez y mayores costos.
La Contraloría General de la República emitió una grave advertencia sobre la Seguridad Energética de Colombia. En su último informe, el ente de control destaca la ausencia de una planificación adecuada para enfrentar la creciente demanda energética del país, poniendo en peligro la estabilidad futura del sector.
El estudio detalla que el sector petrolero ya muestra signos de deterioro con reservas en declive y niveles de exploración cada vez más bajos. Este escenario, combinado con la falta de nuevos proyectos de exploración en áreas no explotadas, podría llevar al país a una dependencia creciente de las importaciones energéticas, lo que aumentaría los costos y pondría en riesgo la autosuficiencia energética.
La Contraloría también ha subrayado la urgencia de atender la infraestructura del sistema eléctrico, cuya antigüedad y falta de mantenimiento adecuado podrían provocar fallas críticas, especialmente en Bogotá. La ciudad enfrenta un riesgo inminente de desabastecimiento energético si no se construyen nuevas líneas de transmisión desde Chivor y Guavio, según el Consejo Nacional de Operación.
El Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra también criticó la falta de acciones concretas en la transición energética. A pesar de los compromisos de descarbonización, el país aún no cuenta con actividades, presupuestos o metas claras para llevar a cabo esta transformación, lo que aumenta la incertidumbre sobre el futuro energético de Colombia.
Adicionalmente, la prohibición de exportaciones de carbón a Israel, decretada el 14 de agosto, podría desincentivar la inversión extranjera y afectar negativamente el recaudo de regalías, lo que agravaría la situación fiscal del país. La Contraloría también ha anunciado una Actuación Especial de Fiscalización sobre la Hidroeléctrica de Urrá, ante posibles irregularidades en la contratación de venta de energía.
Este panorama revela que la falta de un plan claro y la insuficiencia en la articulación institucional no solo ponen en riesgo la Seguridad Energética del país, sino también el desarrollo de proyectos sociales financiados con las regalías del sector minero-energético. La Contraloría insta al gobierno a priorizar la seguridad y sostenibilidad energética mientras avanza la transición hacia energías renovables, para evitar que el país caiga en una crisis energética con graves repercusiones económicas y sociales.