Colombia avanza contra mercenarios con nueva ley
La Cancillería colombiana presenta un proyecto para aprobar la Convención Internacional que combate el reclutamiento y uso de mercenarios.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso para ratificar la Convención Internacional Contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989. Esta convención busca proporcionar al país herramientas legales para enfrentar la proliferación de mercenarios y proteger la seguridad nacional.
El canciller Luis Gilberto Murillo destacó la importancia de este acuerdo internacional, señalando que la Convención permitirá a Colombia luchar contra las organizaciones que reclutan, entrenan y financian mercenarios, a menudo mediante engaños. Estas prácticas no solo atentan contra el orden constitucional, sino que también facilitan delitos graves como genocidio y crímenes de guerra. Murillo explicó que el país enfrenta retos diplomáticos cuando los mercenarios quedan atrapados en conflictos extranjeros, y la ratificación de la Convención podría mitigar estos problemas.
El proyecto de ley propone que Colombia, al ratificar la Convención, se comprometa a no reclutar, utilizar, financiar ni entrenar mercenarios. Además, exige que las leyes nacionales se alineen con los estándares internacionales para permitir la criminalización, procesamiento y posible extradición de los involucrados en actividades mercenarias.
La Convención define como mercenarios a aquellos que participan en actos de violencia destinados a derrocar gobiernos, socavar el orden constitucional de un estado o desestabilizar su integridad territorial. El proyecto también incluye la creación de delitos específicos relacionados con el mercenarismo y medidas públicas para combatir estas actividades.
El proyecto será revisado por la Comisión II del Senado, que se encarga de asuntos internacionales y de seguridad y defensa nacional. Su aprobación es clave para fortalecer el marco legal de Colombia en la lucha contra el reclutamiento y uso de mercenarios, fortaleciendo la seguridad y el orden público en el país.