Choque por predial expone fractura entre Petro y alcaldes

El debate por el incremento del impuesto predial en Colombia ha dejado de ser una discusión técnica para convertirse en un nuevo campo de confrontación política. Las declaraciones del presidente Gustavo Petro, señalando a los alcaldes como responsables del alza, desataron una respuesta inmediata de la Federación Colombiana de Municipios, que calificó sus afirmaciones como “irresponsables y demagógicas”.

En el fondo del conflicto subyace una tensión estructural sobre quién asume el costo político de una medida que, aunque legal, resulta socialmente impopular. El predial, determinado por la combinación de tarifas municipales y avalúos catastrales, se ha convertido en una carga visible para ciudadanos que perciben aumentos abruptos sin comprender del todo su origen normativo.

El Gobierno ha insistido en que los municipios tienen la potestad de definir las tarifas, mientras que el avalúo catastral responde a una actualización que no se realizaba desde hace décadas. Sin embargo, esta explicación técnica parece insuficiente frente al impacto inmediato en los bolsillos de los contribuyentes, especialmente en regiones donde el incremento ha generado protestas y bloqueos.

Desde Fedemunicipios, bajo la vocería de Gilberto Toro Giraldo, se ha planteado una defensa institucional de los alcaldes, argumentando que están actuando en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Esta postura traslada el foco del debate hacia el diseño de la política pública, cuestionando si el Gobierno está eludiendo su propia responsabilidad en la implementación de la actualización catastral.

La controversia también revela una desconexión entre la formulación de políticas y su recepción social. La actualización catastral, en principio orientada a corregir distorsiones históricas y mejorar la equidad fiscal, termina percibiéndose como un golpe económico para amplios sectores, particularmente en contextos de inflación y desaceleración económica.

En medio de este escenario, el llamado del presidente a subir impuestos a tierras improductivas y aliviar la carga sobre pequeños propietarios introduce un componente redistributivo que, aunque coherente en teoría, enfrenta limitaciones prácticas en su aplicación local. La capacidad de los municipios para diferenciar y ejecutar estas directrices no siempre responde a las realidades territoriales.

El conflicto se agrava por la falta de articulación entre niveles de gobierno, lo que termina generando un vacío de responsabilidad percibida. Mientras el Ejecutivo plantea lineamientos generales, los alcaldes enfrentan directamente la inconformidad ciudadana, convirtiéndose en el primer blanco de las críticas sin tener control total sobre las variables que inciden en el impuesto.

Más allá del cruce de declaraciones, lo que emerge es una disputa por la narrativa: quién explica, quién asume y quién responde. En un contexto electoral y de alta polarización, el predial deja de ser un instrumento fiscal para convertirse en un símbolo de la tensión entre centralismo y autonomía territorial.

El episodio evidencia que las reformas estructurales, por necesarias que sean, requieren algo más que sustento legal: necesitan legitimidad social. Sin pedagogía, coordinación institucional y claridad en la comunicación, incluso las políticas técnicamente justificadas pueden derivar en crisis de gobernabilidad.