Cauca exige fin inmediato de la violencia tras atentado en Balboa

Un nuevo acto de violencia sacudió este fin de semana al municipio de Balboa, en el departamento del Cauca, cuando una moto bomba detonó cerca de la estación de Policía, provocando heridas en al menos 13 personas, entre ellas una menor de 7 años. El siniestro también causó daños en bienes civiles: viviendas, locales comerciales y hasta la sede de la Alcaldía resultaron afectados.

Según las autoridades locales, el atentado se enmarca en la presencia de al menos dos grupos armados ilegales en la región, incluidos miembros de las disidencias asociadas a alias “Iván Mordisco”, los cuales han incrementado su ofensiva en varias zonas del departamento. El ataque en Balboa sería una nueva violación al derecho internacional humanitario, al no distinguir entre objetivos militares y civiles, poniendo en riesgo la vida e integridad de la población civil.

Además del impacto humano, la explosión dejó sin servicio eléctrico y afectó las comunicaciones en buena parte del casco urbano. Una cooperativa de caficultores sufrió un incendio que se propagó tras la detonación, lo que obligó la intervención de organismos de socorro y puso en evidencia los efectos colaterales de la violencia sobre la infraestructura local y la economía campesina.

Balboa y el vecino municipio de Patía forman parte de una región históricamente golpeada por disputas por economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, conflictos que han generado no solo un alto costo social sino también ambiental, con deforestación y contaminación de fuentes hídricas. Este escenario agrava la vulnerabilidad de comunidades rurales atrapadas en círculos violentos que desconectan su futuro del desarrollo sostenible.

Organizaciones sociales y comunitarias del Cauca, en conjunto con sectores defensores de derechos humanos, han exigido el fin de los ataques indiscriminados. En un comunicado piden a los grupos armados ilegales abandonar las economías ilícitas, cesar la violencia y permitir que las comunidades ejerzan su derecho a la vida, la paz y la construcción de un futuro digno. También reclaman al Gobierno Nacional avanzar con urgencia en las recomendaciones del reciente informe “Cauca: Voces que resisten”.