Carreño pide a De La Espriella unir fuerzas contra extorsión

El representante a la Cámara por el Meta propuso al Gobierno Nacional articular el trabajo de los ministerios de Justicia, Defensa y TIC con el Congreso alrededor del Proyecto de Ley 349 de 2026, una iniciativa que plantea medidas para combatir las comunicaciones ilícitas desde las cárceles, seguir el dinero de las extorsiones y fortalecer la protección de las víctimas, especialmente en las zonas rurales. 

 El representante a la Cámara por el Meta, Milton Carreño, invitó al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y al Gobierno Nacional a trabajar conjuntamente con el Congreso para fortalecer las herramientas del Estado contra la extorsión y, particularmente, impedir que los establecimientos penitenciarios continúen siendo utilizados para realizar comunicaciones con fines delictivos.

El llamado se produce después de que el Gobierno Nacional anunciara nuevas acciones para acelerar la respuesta frente a las comunicaciones ilícitas originadas desde las cárceles. El Ministerio TIC informó que trabaja en el ajuste de los protocolos establecidos para estos casos, junto con el Ministerio de Justicia, el INPEC, los operadores de telecomunicaciones y otras entidades, incluyendo medidas relacionadas con telefonía móvil, mensajería, identificación y trazabilidad de las comunicaciones.

“Presidente, desde el Congreso estamos listos para sumar. Hay una coincidencia importante entre las acciones que está poniendo en marcha el Gobierno y varias de las herramientas que hemos propuesto legislativamente. Creo que podemos sentarnos con los ministerios de Justicia, Interior, Defensa y TIC para revisar esta iniciativa, además de la Superintendencia Financiera de Colombia y la UIAF- Unidad de Información y Análisis Financiero, para construir una respuesta cada vez más efectiva contra la extorsión”, señaló Carreño. 

Un proyecto para intervenir diferentes eslabones de la extorsión El Proyecto de Ley 349 de 2026 Cámara, conocido como “Todos contra la extorsión rural”, fue radicado el 9 de septiembre y propone una respuesta integral frente a este delito, con especial atención a las víctimas de las zonas rurales y a integrantes de las Juntas de Acción Comunal. La iniciativa fue presentada por Milton Carreño junto con los representantes Alejandro Castillo Gaitán, Andrés Felipe Guerra Hoyos, Arledy Alvarado Patiño, Astrid Sánchez Montes de Oca, Daniel Felipe Briceño Montes, Eimy Julieth Suárez González, Guillermo León Blanco Valencia, Juan David Londoño Arango y Miguel Ángel Pinto Rueda.

Uno de sus componentes establece que los operadores de telecomunicaciones deberán bloquear, dentro de las 72 horas siguientes al requerimiento formal del INPEC, los identificadores IMEI de los equipos y los IMSI asociados a líneas utilizadas para comunicaciones no autorizadas desde los establecimientos penitenciarios.

También contempla medidas para restringir el acceso irregular a puntos de carga eléctrica dentro de cárceles de mayor riesgo y refuerza las consecuencias disciplinarias frente a funcionarios que permitan o faciliten este tipo de comunicaciones. Pero el proyecto no se limita a las cárceles.

La iniciativa busca que bancos, billeteras digitales, empresas de giros y otras entidades preserven en un máximo de dos horas los registros asociados a productos financieros identificados en una extorsión en curso, sin que ello implique congelar los recursos ni acceder a información reservada sin autorización judicial. Además, establece términos para el suministro de información útil a las investigaciones, fortalece los controles para la activación de líneas móviles y amplía mecanismos de atención, acompañamiento y protección para las víctimas.

Coincidencias entre Gobierno y Congreso Carreño señaló que el anuncio del Gobierno abre la posibilidad de articular dos frentes complementarios: las acciones administrativas, tecnológicas y operativas que puede ejecutar el Ejecutivo y las herramientas legales que actualmente comienzan a discutirse en el Congreso. El Ministerio TIC anunció el pasado 22 de septiembre que ajustará los protocolos para hacer más rápida la respuesta frente a comunicaciones delictivas desde los penales y que trabaja con operadores, la CRC y plataformas digitales en mecanismos para identificar el origen de las comunicaciones, fortalecer su trazabilidad y actuar frente al uso de telefonía móvil, mensajes de texto y aplicaciones como WhatsApp.

Esa línea coincide con uno de los componentes del Proyecto 349: fortalecer el control estatal sobre las comunicaciones no autorizadas provenientes de establecimientos penitenciarios y establecer tiempos definidos para actuar una vez que el INPEC identifique los equipos o líneas involucrados.

El proyecto complementa ese frente tecnológico con instrumentos dirigidos a las víctimas y a la trazabilidad de los recursos utilizados en las extorsiones. “Si el delincuente está preso, su capacidad de extorsionar también tiene que estarlo. La cárcel no puede seguir funcionando como una oficina para delinquir. Gobierno y Congreso tenemos herramientas distintas y precisamente por eso debemos trabajar juntos: necesitamos capacidad operativa, tecnología, investigación y también normas que permitan reaccionar con mayor rapidez y proteger mejor a las víctimas”, afirmó el representante.

El proyecto comienza su trámite legislativo El Proyecto de Ley 349 fue radicado en la Cámara de Representantes y publicado en la Gaceta del Congreso No. 1336 de 2026. De acuerdo con la información oficial de la Cámara, la iniciativa inicia su trámite en la Comisión Primera, donde deberá surtir el primer debate. Al tratarse de un proyecto de ley ordinaria, para convertirse en ley deberá superar posteriormente el debate en la Plenaria de la Cámara y continuar su trámite en el Senado, primero en la comisión constitucional correspondiente y luego en plenaria.

Si las dos cámaras aprueban textos diferentes, deberá realizarse la respectiva conciliación antes de pasar a sanción presidencial. Carreño manifestó que durante ese trámite buscará el diálogo técnico con el Gobierno Nacional y las entidades que tienen responsabilidades directas en la lucha contra la extorsión, particularmente los ministerios de Justicia y del Derecho, Defensa Nacional y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, además del INPEC, los GAULA y las autoridades encargadas de la investigación y persecución de este delito.

Más herramientas para proteger a ciudadanos y regiones De ser aprobado, el proyecto busca reducir los tiempos de respuesta frente a las comunicaciones ilícitas provenientes de cárceles, preservar con mayor rapidez evidencia financiera y de telecomunicaciones, fortalecer la identificación de las líneas utilizadas para delinquir y ampliar los instrumentos de acompañamiento para las víctimas de extorsión.

Su enfoque presta especial atención a campesinos, comerciantes, productores y líderes comunales de las zonas rurales. Para Carreño, la articulación entre las decisiones que está tomando el Ejecutivo y el trámite legislativo puede permitir que las capacidades tecnológicas, operativas, investigativas y normativas del Estado actúen de manera coordinada. “La extorsión no distingue regiones ni sectores económicos.

Golpea al pequeño comerciante, al transportador, al campesino, al ganadero, al empresario y a miles de familias. Si Gobierno y Congreso encontramos coincidencias en una iniciativa que permita cerrar espacios a quienes extorsionan, nuestra responsabilidad es trabajar juntos para fortalecerla y convertirla en resultados para los colombianos”, concluyó. 

Información de: Congreso de la República y Milton Carreño