Protestas por el predial ya afectan la logística nacional, encarecen alimentos y presionan la inflación en medio de tensiones económicas.
Los bloqueos viales que se extienden por varias regiones del país están dejando de ser una manifestación sectorial para convertirse en un problema macroeconómico. Las pérdidas diarias superiores a $25.000 millones en el transporte de carga reflejan un impacto directo sobre la eficiencia logística y la estabilidad de los mercados, en un momento donde la economía colombiana ya enfrenta presiones inflacionarias.
El epicentro de esta crisis se ubica en Santander, donde las afectaciones alcanzan los $17.000 millones diarios. Sin embargo, el fenómeno se ha expandido hacia otras regiones como Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander, configurando un cuello de botella en la red de abastecimiento nacional que compromete tanto la producción como la distribución.
El sector transporte, representado por Fedetranscarga, advierte que los tiempos logísticos se han duplicado o incluso triplicado. Un trayecto que antes tomaba 10 horas ahora puede extenderse hasta dos días, lo que incrementa significativamente los costos operativos y reduce la capacidad efectiva del sistema logístico.
Este deterioro en la movilidad tiene efectos en cadena. Entre 170.000 y 220.000 toneladas de carga están siendo afectadas diariamente, lo que representa hasta la mitad de la operación nacional. En términos económicos, esto implica no solo pérdidas directas, sino también una presión adicional sobre los precios al consumidor, ya que los sobrecostos inevitablemente se trasladan al mercado.
El sector avícola es uno de los más golpeados. Más de 10 millones de huevos permanecen represados y 1.500 toneladas de carne de pollo no han podido ser movilizadas, mientras millones de aves enfrentan un riesgo crítico por falta de alimento. Este escenario no solo afecta la oferta inmediata, sino que puede generar distorsiones en la cadena productiva a mediano plazo.
En paralelo, el contexto inflacionario agrava la situación. Con una inflación que ya supera el 5%, impulsada en gran medida por el precio de los alimentos, los bloqueos podrían convertirse en un factor adicional de presión. La incertidumbre no radica en si habrá impacto, sino en qué tan profundo será y cuánto tiempo persistirá.
El trasfondo de esta crisis está directamente ligado a las protestas por el incremento del impuesto predial, lo que conecta este episodio con decisiones de política pública que no lograron anticipar sus efectos sociales. La falta de articulación entre el Gobierno y los actores territoriales vuelve a emerger como un factor crítico en la gestión de conflictos.
Desde el sector gremial, voces como la de Arnulfo Cuervo Aguilera insisten en que la solución pasa por una revisión de las medidas que detonaron las movilizaciones. No obstante, el margen de maniobra del Gobierno está condicionado por la necesidad de sostener ingresos fiscales y avanzar en reformas estructurales.
Finalmente, el país enfrenta un dilema recurrente: el derecho a la protesta frente al costo económico de las vías de hecho. Mientras no exista un canal efectivo de diálogo que evite la paralización de la infraestructura logística, Colombia seguirá expuesta a crisis donde las decisiones fiscales terminan traduciéndose en impactos económicos generalizados.