Aún no es clara la participación de Farc en la política     

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, reveló que el Gobierno convocó a una reunión de urgencia por los vacíos existentes en la participación política de Farc. “No es claro, desde el punto de vista legal, si hoy las personas que se reinsertaron pueden hacer política en el estado del arte de las reformas constitucionales”, dijo.

 En ese sentido, Martínez explicó que el problema surge con el artículo 122 de la Constitución, que establece que es “inhábil” para presentarse a cargos de elección popular todo aquél que haya sido condenado por delitos de terrorismo, lo que enredaría a los desmovilizados de Farc que resultasen elegidos.

“En principio, una persona que estuvo al margen de la ley, como combatiente a título de rebelde, no puede ser electo y no puede hacer política. El Marco Jurídico para la Paz, que se dictó en 2013, estableció un régimen especial para que pudieran hacer política, cuando se trataba de delitos políticos (…). Resulta que ese artículo fue derogado expresamente por el Acto Legislativo número 1 del 2017 que dice: ‘Quiénes hayan sido condenados por la Jurisdicción Especial de Paz no quedan inhabilitados para ejercer la política’. Ese artículo no define el problema de hoy porque como no hay Jurisdicción Especial de Paz y no hay condenados en la JEP, en consecuencia ese artículo resulta inaplicable hoy. Ese mismo artículo dicen que quedan suspendidos los efectos de las capturas que se hayan impartido con relación a los miembros de grupos rebeldes reinsertados”, explicó.

Agregó que esa discusión de naturaleza legal originó la convocatoria, por parte del ministro de Justicia, Enrique Gil, reunión de emergencia.

“La discusión que se da es si al suspenderse los efectos de las condenas se supera el problema del artículo 122 de la Constitución, porque hay quienes interpretan que esa suspensión significa que no pueden seguir privados de su libertad, pero no alcanzaría a remontar la inhabilidad que hoy plantea ese artículo 122 de la Constitución”, explicó.

Dijo que esas inquietudes han sido discutidas con el Consejo de Estado, que ha pedido aclararlas cuanto antes porque si no se terminarían anulando las elecciones de los reinsertados. “Y lo que es más grave: a partir de este año, convirtieron en delito penal, o sea de competencia de la Fiscalía, la conducta de quien se presente a una elección, resulte elegido estando inhabilitado para postularse a un cargo de elección popular”, explicó.

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