Altas cortes decidirán si procede o no la consulta popular: Registrador
Hernán Penagos aseguró que la controversia entre el Gobierno y el Congreso sobre la consulta del 7 de agosto debe ser resuelta por la justicia constitucional.
El registrador nacional, Hernán Penagos, afirmó que ante el conflicto jurídico entre el Ejecutivo y el Legislativo por la convocatoria a una consulta popular el próximo 7 de agosto, corresponde a las altas cortes decidir si debe continuar el trámite. Aclaró que la Registraduría Nacional es un ente autónomo, sin superior funcional, y que actuará en función de la integridad del proceso electoral.
“La democracia y el orden institucional están en juego”, advirtió Penagos, quien anunció que se solicitará concepto al Consejo de Estado, y se remitirá la solicitud también a la Procuraduría, la Agencia Jurídica del Estado y a las altas cortes.
El funcionario recordó que la Registraduría, conforme al artículo 266 de la Constitución, es un órgano independiente y neutral que no responde a ninguna rama del poder público. Reiteró que su función es garantizar procesos electorales transparentes.
Penagos también advirtió que para llevar a cabo una consulta de este nivel se necesita una planeación mínima de tres meses, lo que hace materialmente inviable realizarla en 53 días. “La ley exige tiempo, planeación y garantías. No se puede improvisar una consulta”, explicó.
Además, estimó que el presupuesto para dicha consulta sería de aproximadamente 750.000 millones de pesos, lo cual representa una inversión considerable que solo debe ejecutarse si hay plena seguridad jurídica para ello.