Alerta sobre uso insuficiente de fondos para tierras
De $1,26 billones para compra de tierras, la ANT solo ha ejecutado el 33 %, dejando $645.000 millones sin uso, según la Procuradora.
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, expresó su preocupación ante la Corte Constitucional por la baja ejecución presupuestal de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). De un total de $1,26 billones asignados para la compra de tierras, solo se ha utilizado el 33 %, lo que significa que $645.000 millones fueron trasladados al Fondo Colombia en Paz sin ser ejecutados. Esta situación fue expuesta durante una sesión técnica sobre el cumplimiento de la política de tierras ordenada por la sentencia SU-288 de 2022.
Cabello destacó que, aunque la jurisdicción agraria representa un avance en la reforma rural integral, es necesario otorgar a los jueces agrarios competencias claras que permitan reglas y principios específicos para esta jurisdicción. Sin estas definiciones, se limita su capacidad para atender los conflictos de tierra con efectividad.
En cuanto al catastro multipropósito, la procuradora señaló que los avances son insuficientes. Solo el 12,4 % del área priorizada en el Plan Nacional de Desarrollo ha sido actualizada, muy lejos de la meta del 70 %. De los 598 municipios proyectados, únicamente 141 tienen catastro actualizado. Además, aunque el Fondo de Tierras reporta 2,3 millones de hectáreas disponibles, muchas carecen de caracterización adecuada o no están claramente delimitadas, con solo un mínimo porcentaje listo para adjudicación.
La Procuraduría también advirtió sobre el rezago en la migración del sistema de registro de tierras. De los cerca de seis millones de registros existentes, apenas el 21 % se han trasladado a las nuevas plataformas digitales. Este atraso representa un obstáculo significativo para avanzar en la formalización de la propiedad rural.
Pese a los desafíos, Cabello destacó el aumento en la intervención de procuradores judiciales en procesos de clarificación de tierras, consolidando una base de datos con 1.132 procesos registrados en el segundo semestre de 2024, en cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional. Con estos datos, el ente de control busca impulsar una gestión más eficiente y transparente en la política de tierras.