Alerta sobre riesgo de racionamientos y aumento de precios

La Contraloría General de la República reitera la alerta sobre riesgo de desabastecimiento energético por ausencia de nuevos proyectos y no pago de deudas acumuladas a los prestadores del servicio de energía y gas, se requieren inversiones más eficaces en beneficio de los usuarios y una mayor resiliencia en la operación del sistema eléctrico, si bien existen planes indicativos para gas, electricidad y combustibles líquidos, persisten cuellos de botella regulatorios, retrasos en proyectos estratégicos y debilidades institucionales que impiden materializar las inversiones necesarias, comprometiendo la seguridad energética, la estabilidad tarifaria y la protección del patrimonio público.

Es importante que Colombia fortalezca su soberanía energética, reduzca su dependencia de importaciones y adopte decisiones 
estructurales que aseguren el abastecimiento interno, la estabilidad de precios y la protección de los recursos públicos, así como una transición energética responsable y sostenible. 

La Contraloría General de la República presentó el estudio sectorial ‘Abastecimiento con Calidad y Almacenamiento Energético 
en Colombia 2020-2030’, el cual abarca temas del sector gas, eléctrico y combustibles líquidos, como parte del seguimiento que ha hecho el órgano de control en los últimos años a los temas de transición, seguridad energética y sostenibilidad de los subsidios. En este contexto, la Contraloría General de la República advierte que la actual coyuntura internacional, marcada por la persistencia del conflicto entre Rusia y Ucrania y el escalamiento de tensiones en Medio Oriente, incluido Irán, han incrementado la volatilidad de los mercados energéticos y la competencia global por hidrocarburos y combustibles. Este escenario refuerza la importancia de que 
Colombia fortalezca su soberanía energética, reduzca su dependencia de importaciones y adopte decisiones estructurales que aseguren el abastecimiento interno, la estabilidad de precios y la protección de los recursos públicos, tal como se analiza en el estudio. 

La Contraloría General reitera su llamado al Gobierno Nacional para adoptar medidas oportunas que permitan evitar escenarios de racionamiento energético, a partir de los riesgos identificados en el estudio y de las advertencias formuladas previamente, especialmente la emitida por el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra al Ministerio de Minas y Energía el 
pasado 28 de octubre de 2025, sobre la disminución de la oferta nacional de energéticos, los retrasos en proyectos estratégicos y las debilidades institucionales que afectan la materialización de las inversiones requeridas. En coherencia con el escenario internacional, en materia de gas natural el estudio evidencia que la producción disponible para la venta es significativamente menor que la producción fiscalizada, debido a consumos propios, reinyecciones y gas que no cumple especificaciones técnicas. En 2024, solo el 67% del gas extraído fue comercializado, situación que obligó por primera vez a recurrir a la importación de gas natural licuado para cubrir la demanda interna. 

Adicionalmente, se advierte una disminución sostenida de las reservas probadas, que redujo el horizonte de autosuficiencia a 5,9 años para gas y 7,2 años para petróleo, en un contexto de agotamiento natural de los campos y baja incorporación de nuevas reservas. La no adjudicación de proyectos de regasificación, particularmente en el Pacífico, así como la ausencia de redundancias en el sistema de transporte, incrementan el riesgo de desatención de la demanda desde 2026, especialmente en las regiones del interior del país y ahora se requieren soluciones urgentes, como la importación por Buenaventura y opciones en La Guajira y Coveñas (Sucre).  

En relación con el Gas Licuado de Petróleo, se destaca su papel estratégico en zonas rurales y dispersas como sustituto de la leña en procesos de transición social y ambiental. No obstante, la limitada capacidad de almacenamiento y logística interna puede comprometer la continuidad y calidad del suministro en regiones apartadas de los centros de producción y refinación. La planeación energética nacional no ha logrado sincronizar metas de expansión de cobertura con garantías de abastecimiento, y mientras se establecen metas para incrementar usuarios, no se asegura el volumen de gas necesario para atenderlos, lo que puede generar riesgos de racionamiento energético, aumento de precios e inequidad.

El país requiere de manera urgente avanzar en reactivación y flexibilización exploratoria en contratos vigentes, desarrollo de infraestructura de importación y regasificación en la Costa Pacífica y La Guajira y en la implementación de almacenamientos estratégicos de combustibles para atender variaciones de demanda y contingencias operativas. Estos almacenamientos, aunque ya en proceso de definición y reglamentación aún se demoran en estar construidos lo que impacta la vulnerabilidad del país ante imprevistos que afecten el suministro de combustibles. 

Por otra parte, la demanda interna de gasolina motor es cada vez más un asunto de importación, con 40% abastecido vía mercados internacionales se demuestra que la eliminación de subsidios a combustibles es una necesidad real ahora que ya no se produce todo lo consumido internamente. El ACPM va por la misma dirección, si bien los requerimientos de importación aún son bajos el no tener más proyectos de refinación en el país implica que dichas necesidades crecerán con el tiempo y por ende los subsidios relacionados a estos combustibles. Respecto al sector eléctrico, el informe identifica la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad del servicio como pilares fundamentales para garantizar un abastecimiento confiable, equitativo y sostenible.

Persisten brechas de acceso que superan 1,3 millones de viviendas sin servicio, cuyo cierre demanda inversiones superiores a $32 billones, así como marcadas desigualdades territoriales reflejadas en los indicadores de continuidad del servicio. 

El análisis evidencia que, pese a los avances en cobertura, las brechas en calidad persisten, particularmente en zonas rurales y en municipios atendidos por operadores con mayores dificultades de gestión. Estas condiciones se ven agravadas por una gestión fragmentada de los recursos y bajos niveles de ejecución presupuestal, a pesar de la existencia de múltiples fondos de 
financiación, lo que refuerza la necesidad de consolidar la operación a través del Fondo Único de Soluciones Energéticas (Fonenergía). 

Finalmente, frente al crecimiento de las fuentes no convencionales de energía renovable para el 2030 se espera que representen una tercera parte de la generación de electricidad, esto si no se logra la entrada en operación de los 1.200 MW que están pendiente por desarrollar del proyecto Hidroituango, el estudio subraya la necesidad de fortalecer la resiliencia del Sistema 
Interconectado Nacional, mediante medidas que otorguen mayor flexibilidad operativa, entre ellas el desarrollo de servicios de almacenamiento de energía. 

En este contexto, se recomienda revisar y ajustar la meta de instalación de almacenamiento mediante baterías, para que sea coherente con los escenarios de incorporación de nueva capacidad de generación renovable. Entre las medidas se incluyen los servicios de almacenamiento de energía mediante bancos de baterías, aunque no son las únicas, que están en discusión 
en la comisión de regulación. Así mismo, la meta de instalación de almacenamiento mediante baterías prevista en el plan energético nacional en construcción, que es de 1.500 MW, debe ser revisada para aumentar de tal manera que corresponda con los escenarios de incorporación de capacidad de generación mediante renovables.

La Contraloría General de la República insiste en que la planeación energética debe articular de manera efectiva las metas de expansión de cobertura con garantías reales de abastecimiento, a fin de proteger a los usuarios, preservar la estabilidad tarifaria y salvaguardar los recursos públicos.

Información de: Contraloría Genera de la República