Acuerdo por predial no levanta paro y mantiene tensión

El principio de acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y campesinos en Santander marca un avance en medio de una crisis que ha escalado rápidamente, pero está lejos de representar una solución definitiva. Aunque se abrió la puerta para revisar avalúos catastrales considerados desproporcionados, el paro continúa, evidenciando una desconfianza estructural hacia las decisiones institucionales.

El eje del acuerdo gira en torno a la flexibilización de los avalúos por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que permitirá ajustes en casos donde se identifiquen incrementos excesivos. Esta medida, aunque técnicamente razonable, llega después de que el impacto social ya se materializó en bloqueos, pérdidas económicas y tensiones territoriales.

Las declaraciones del gobernador Juvenal Díaz reflejan la complejidad del problema: predios que pasaron de valer 200 millones a 2.000 millones evidencian fallas en la aplicación homogénea de criterios técnicos en contextos profundamente heterogéneos. La revisión propuesta busca corregir estas distorsiones, pero también confirma que el problema no fue anticipado adecuadamente.

El acompañamiento del ministro Armando Benedetti en las mesas de diálogo intenta reforzar la presencia del Gobierno en territorio, aunque también pone en evidencia que la gestión del conflicto ha sido reactiva. La intervención ocurre cuando la presión social ya alcanzó niveles que afectan la economía nacional.

Uno de los puntos más críticos del debate es la desconexión entre los avalúos técnicos y las condiciones reales de los predios. Zonas sin acceso a agua, vías o con riesgos geológicos fueron valoradas bajo parámetros que no reflejan su realidad productiva, generando una carga tributaria percibida como injusta por las comunidades rurales.

El hecho de que el paro no se haya levantado, pese al acuerdo inicial, revela que la crisis no es únicamente técnica, sino de confianza. Los campesinos exigen garantías de que los ajustes serán reales y no simplemente promesas administrativas que se diluyen con el tiempo. Esta cautela responde a experiencias previas donde los compromisos institucionales no siempre se han traducido en soluciones concretas.

Además, la creación de mesas de trabajo y la designación de voceros por municipio apuntan a una estrategia de descentralización del diálogo, pero también implican un proceso más lento y fragmentado. La solución, lejos de ser inmediata, se proyecta como una negociación prolongada que mantendrá la incertidumbre en varias regiones.

En el trasfondo, este episodio vuelve a exponer las tensiones entre política fiscal, justicia tributaria y gobernabilidad territorial. Lo que comenzó como una actualización necesaria del catastro terminó desbordándose en un conflicto social de alto impacto, donde la técnica quedó subordinada a la presión ciudadana.

El reto ahora no es solo ajustar cifras, sino reconstruir legitimidad. Sin confianza en las instituciones, cualquier reforma —por bien diseñada que esté— corre el riesgo de convertirse en un detonante de crisis en lugar de una herramienta de equidad.