El gobierno busca garantizar la ayuda humanitaria y salvaguardar los derechos humanos de los colombianos que están siendo deportados del vecino país.
Bogotá, 24 ago (SIG). El cierre de la frontera decretado unilateralmente por el Gobierno de Venezuela, el pasado 21 de agosto, y la posterior declaración de Estado de Excepción en cinco municipios del Estado Táchira ha generado una crisis humanitaria en la población fronteriza colombiana.
Desde el mismo inicio de la crisis, que ha implicado la salida de 861 colombianos de Venezuela, el Gobierno colombiano ejecuta una serie de acciones encaminadas, prioritariamente, a garantizar los derechos de los colombianos repatriados, brindar albergue, velar por su salud, facilitar la reunificación familiar y generar condiciones económicas que atenúen el impacto de la crisis.
A continuación se detallan los avances en esta materia durante los últimos dos días.
Hoy fue instalada la Mesa Unificada Humanitaria para implementar acciones que brinden asistencia a los colombianos deportados, agilizar la reunificación familiar y mantener informada a la población.
Esta mesa está integrada por el Ministerio del Interior, la Cancillería, la Gobernación, la Oficina de Gestión del Riesgo, el Departamento para la Prosperidad Social, la Oficina de Atención a Víctimas, la Dian, la Registraduría, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y la Alcaldía.
El día de hoy la Canciller de Colombia, María Ángela Holguín, junto con el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se desplazaron hacia la zona fronteriza y estuvieron en diferentes puntos, entre ellos el Puente Internacional Simón Bolívar y los albergues donde se encuentran ubicados los colombianos afectados por las medidas adoptadas por el Gobierno venezolano.
El propósito de la visita fue inspeccionar el paso fronterizo y conocer de primera mano la situación que se está presentando en la zona, para poder tomar las medidas pertinentes.
El Presidente de la República envió un comunicado en horas de la mañana en el que, aparte de mencionar las acciones adelantadas, estableció como prioridad la ayuda humanitaria y garantizar los derechos de los colombianos afectados.
Asimismo, anunció una citación para mañana a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para mantenerla informada sobre las acciones adelantadas y conocer sus opiniones, así como una reunión que se llevará a cabo el miércoles entre las cancilleres de Colombia y Venezuela para tratar personalmente los problemas que ha generado esta medida unilateral del Gobierno del país vecino.
La Unidad de Gestión del Riesgo entregará mañana martes 500 kits de asistencia humanitaria, con colchones, frazadas y elementos de aseo.
Hoy ya fueron entregadas 120 colchonetas para albergues en Villa del Rosario y 137 en Cúcuta.
Desde que el Presidente Maduro ordenó el cierre de la frontera a la fecha, 861 colombianos han salido de Venezuela: 691 son mayores de edad deportados y 170, niños (los menores no son sujeto de medidas de deportación).
Todos ellos han sido atendidos en albergues habilitados o se han movilizado hacia sus lugares de origen en el resto del país. El Ministerio de Salud, en apoyo al plan de contingencia de la Secretaría de Salud de Cúcuta, ha dado asistencia técnica y apoyo a las actividades de vigilancia epidemiológica (para detectar oportunamente posibles brotes de enfermedades), ha enviado medicamentos e insumos para atención de enfermedades y está coordinando con otras entidades como Cruz Roja Colombiana y Unidad de Gestión del Riesgo.
La Presidencia y el Ministerio de Hacienda estudian medidas de alivio para las 7.000 familias colombianas que se verían afectadas por la suspensión de las exportaciones de carbón de Norte de Santander hacia Venezuela.
Se están dejando de movilizar 6.000 toneladas de carbón al día y se estima que, hasta ahora, hay 24.000 represadas en frontera colombiana.
Si la situación se mantiene, se estima que podrían perderse USD 300.000 diarios en el sector carbón.
Seis funcionarios de Migración Colombia fueron trasladados de Bogotá hasta Villa del Rosario (Norte de Santander) con el propósito de ayudar en el control y verificación de las personas deportadas.
Migración evalúa la pertinencia de trasladar la Unidad Móvil de Servicios Migratorios para hacer las veces de puesto de control alterno. El Gobierno estudia alternativas para garantizar el suministro permanente de gasolina a las estaciones formales.