La recién expedida Política de Envejecimiento y Vejez 2022-2031 aborda la atención de esta problemática en sus ejes estratégicos.
La violencia y el maltrato contra las personas mayores es un tema de interés en salud pública, ya que estas violencias afectan la integridad física, mental y psicosocial que, en algunos casos, derivan en discapacidad y disminución de la calidad de vida de este grupo poblacional.
“La denuncia de este flagelo se acerca al 20 %, lo cual genera invisibilidad medida por el subregistro. Por eso, desde el Ministerio de Salud y Protección Social hacemos un llamado al trato digno, al cuidado y la garantía de los derechos a las personas mayores, en el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia Contra el Abuso y Maltrato en la Vejez, fecha instituida por la ONU para recordar que los derechos humanos no se extinguen con la edad”, señaló Alejandro Cepeda, jefe de la Oficina de Promoción Social.
Las estadísticas de lesiones no fatales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportaron en 2021 un incremento del 28 % de los casos, comparativamente con la vigencia 2020, al pasar de 6.355 registros a 8.111 entre esta población.
En relación con los demás ciclos vitales, las personas mayores fueron las más afectadas por este tipo de violencias. Cepeda agregó que “según análisis realizados, hubo un efecto colateral por el confinamiento derivado de la pandemia de covid-19, pues el agresor suele ser en la mayoría de los casos un miembro del círculo familiar o social más cercano, lo que facilita las condiciones de abuso, ocultamiento y prolongación de la victimización que, además, es particularmente elevada entre las mujeres”.
También, otras cifras de Medicina Legal indicaron que en el 99,86 % de los casos la persona maltratadora es un familiar, y al identificar el actor se evidencia que en el 43,14 % de los eventos son los hijos e hijas los causantes de las agresiones.
En el desagregado por lesiones no fatales, el 75 % de los registros se concentran en violencia interpersonal y violencia intrafamiliar, con 3.612 y 2.460 casos respectivamente, con variaciones entre el 23 % y el 22 % frente a 2020. De estos datos se deriva también una preocupación adicional relacionada con el presunto delito sexual que, en el período de análisis 2020- 2021, creció un 9,1 %.