A prisión el exasesor de Minagricultura por tierras en el Meta
En el caso están involucrados ‘Otoniel’, jefe del Clan del Golfo, y exgobernador de Guaviare.
El coronel (r) Germán Eduardo Ayala Amaya debe responder por supuestamente ofrecer dádivas para desviar un proceso de restitución de tierras.
El mismo día que un juez de Villavicencio envió a prisión al coronel (r) Germán Eduardo Ayala Amaya, exfuncionario del Ministerio de Agricultura, y a la abogada Diana Lorena Saavedra Escobar, por presuntamente intentar desviar un proceso de restitución de tierras en Cabuyaro (Meta), le aceptaron la renuncia a la directora en Los Llanos de la Unidad de Restitución de Tierras, Diana Herrera.
La coincidencia ocurrió el pasado miércoles cuando al mismo tiempo que se desarrollaba la audiencia y se divulgaba un comprometedor audio que contenía un diálogo, supuestamente, entre las dos personas cobijadas con medida intramural, a Diana Herrera la llamaban de la oficina de talento humano de la Unidad de Restitución de Tierras en Bogotá para informarle que le aceptaban la renuncia y que debía entregar el cargo al siguiente día.
En el audio se escucha que Ayala le dice a su interlocutora que le ofrezca 100 millones de pesos a la funcionaria de la Unidad de Restitución de Tierras, para que un terreno de 2.000 hectáreas de extensión, avaluado en 10.000 millones de pesos, sea adjudicado a un tercero, supuesto comprador de buena fe, según argumentó ante el juez la fiscal especializada de la Unidad Nacional de Delitos Anticorrupción.
El despojo, que en realidad no fue de un predio sino de tres rurales y uno urbano, ocurrió entre los años 2002 y 2003 cuando paramilitares al mando de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, que en ese momento estaba aliado con el bloque Centauros de las autodefensas, empezaron a extorsionar y a amenazar a la familia propietaria de los predios, inclusive hicieron un censo de los trabajadores y de las reses que tenían.
‘Otoniel’ es hoy uno de los hombres más buscados por las autoridades, como comandante del Clan Úsuga, que es considerada una de las organizaciones criminales más poderosas del país.
La presión a la familia propietaria del predio fue tan grande que tuvieron que venderlo al primer ofertante que apareció, el excongresista y exgobernador de Guaviare Óscar de Jesús López Cadavid. El predio según cuenta la familia afectada, en ese momento tenía un valor de entre 6.000 y 7.000 millones de pesos, y les tocó venderlo en 500 millones de pesos.
El exgobernador de Guaviare Oscar de Jesús López Cadavid le habría comprado el predio por menos precio del comercial a la familia de Cabuyaro.
Las reses también tuvieron que venderlas a menor precio a la Sociedad Ganadera de la Costa, a la que posteriormente traspasaron la propiedad de los tres predios rurales y el urbano. Los predios hoy se encuentra en proceso de extinción de dominio por parte de las autoridades.
Cabe recordar que en el año 2011, la Corte Suprema de Justicia condenó a López Cadavid con siete años de prisión por haber sido elegido con el apoyo de paramilitares, entre ellos del extinto jefe paramilitar Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo. A López Cadavid no fue posible contactarlo para conocer su versión.
EL TIEMPO conoció que, en enero del presente año, cuando se cumplió la feria agropecuaria e industrial Expomacolas en Villavicencio, por las actividades propias de la Unidad de Restitución de Tierras y la presencia en el evento del ciclista Nairo Quintana, la directora de los Llanos conoció al coronel Ayala, que se presentó junto con la abogada Saavedra. Ese día intercambiaron números de contactos telefónicos.
Finalizando abril, el coronel Ayala empiezó a llamarla y le manifiestó que si se podían reunir en el Ministerio de Agricultura; pero luego la invitó a almorzar, circunstancia que la funcionaria no aceptó, según las evidencias conocidas por este diario.
Días después, el coronel Ayala se presentó en la oficina de Herrera en Villavicencio y le preguntó por el proceso de restitución de los predios en Cabuyaro y le manifiestó que había un apoyo económico para ella. La siguió llamando y enviándole mensajes al WhastApp, circunstancia que hizo que la funcionaria bloqueara su número de teléfono.
Los paramilitares censaron el ganado que tenía la familia de Cabuyaro para presionarlo y despojarlo.
Después, fue la abogada la que empezó a llamarla y a preguntarle cuál iba a ser el pronunciamiento que iba a dar con respecto al predio de Cabuyaro. Ante la insistencia, la funcionaria puso el caso en conocimiento de sus superiores y de la Fiscalía el primero de junio pasado.
Con el cambio de Gobierno les pidieron la renuncia protocolaria a los funcionarios de libre nombramiento de la Unidad de Restitución de Tierras y el pasado miércoles se convirtió en la primera funcionaria nombrada en propiedad de las direcciones territoriales a la que le aceptaron la renuncia.
El mismo día, el coronel Ayala y a la abogada Saavedra fueron enviados a prisión por los delitos de tráfico de influencias de funcionario público y de particular en concurso con cohecho por dar u ofrecer, los cuales no fueron aceptados.
Al coronel Ayala se le conoció públicamente en el Meta cuando empezó a trabajar como jefe de seguridad en la administración del gobernador Darío Vásquez Sánchez 2008-2011, luego de trabajar en la Casa Militar en Bogotá, enseguida fue secretario de Control Físico en Villavicencio, del alcalde Juan Guillermo Zuluaga 2012-2015, más adelante en campaña política hizo parte de las directivas del Centro Democrático en el Meta y finalmente cuando Zuluaga fue nombrado Ministro de Agricultura de octubre de 2017, lo nombró asesor.
Y mientras en la audiencia se conoció que la familia víctima de Cabuyaro, propietaria de los terrenos estaría siendo amenazada, en la Unidad de Restitución de Tierras informaron que remitieron la solicitud a un juez de restitución de tierras para que le devuelvan los predios a la familia de Cabuyaro.