La Defensoría del Pueblo advirtió que miles de colombianos destinan hasta el 90 % de sus ingresos para costear medicamentos que el sistema de salud no
Durante la presentación del informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados”, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, reveló un panorama alarmante sobre el deterioro estructural del derecho a la salud en Colombia. Según el estudio, las barreras para acceder a medicamentos afectan a usuarios de todos los regímenes, con mayor impacto en zonas rurales, comunidades étnicas y regiones de baja conectividad.
El informe evidenció que, ante la falta de entrega oportuna de fármacos esenciales como Metformina, Valsartán o Insulina Glargina, los pacientes deben cubrir de su bolsillo entre el 7 % y el 90 % de sus ingresos mensuales, sacrificando derechos básicos como la alimentación, la educación o la vivienda. Actualmente, la Defensoría registra 584 medicamentos no entregados y más del 48 % de los casos sin resolver.
Entre enero de 2020 y agosto de 2025, fueron radicadas ante la Corte Constitucional más de un millón de tutelas invocando el derecho a la salud, de las cuales el 36 % corresponde a la falta de suministro de medicamentos o insumos. En 2025, Quindío, Caldas y Antioquia encabezan los territorios con más acciones judiciales.
La entidad advirtió que la crisis tiene raíces estructurales: opacidad financiera de EPS e IPS, retrasos en los pagos, distorsión en la cadena logística y debilidades en los gestores farmacéuticos. Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia figuran entre los departamentos más afectados, donde la vulneración del derecho a la salud es crítica.
Como parte de la Estrategia de Respuesta Inmediata, la Defensoría instaló Puestos de Mando Unificado (PMU) en 19 departamentos, que permitieron activar rutas de atención y evidenciar los efectos emocionales y económicos que sufren los pacientes por la falta de medicamentos.