Señala el Ministerio Público que el hecho de que niños y las niñas estén trabajando afecta y lesiona el ejercicio de sus derechos fundamentales.
La efectividad de los derechos fundamentales de la infancia, la adolescencia y la juventud constituye un imperativo ético de un Estado Social de Derecho, que exige el diseño y ejecución de una política pública que garantice el desarrollo de las capacidades de estos grupos poblacionales y por ende el libre ejercicio de sus derechos.
Este es el pronunciamiento del Ministerio Público en la conmemoración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, cuando con preocupación se registran cifras que evidencian el aumento de la tasa de trabajo Infantil en Colombia.
En concepto de la Procuraduría no basta con la expedición de normas que proscriban el trabajo infantil: una verdadera política de erradicación de este fenómeno supone propender por el restablecimiento de los derechos de los niños y niñas que están vinculados a alguna actividad laboral y garantizar su protección integral, así como promover el acceso y permanencia de los infantes y adolescentes en el sistema educativo e implementar programas que les permita el aprovechamiento y uso creativo del tiempo libre.
Estas acciones exigen la articulación de varias instituciones del Estado. Con gran preocupación se han analizado los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil ENTI-2011 publicados por el DANE; se reporta un crecimiento del 39,5% de la tasa de trabajo infantil en Colombia, lo que amerita un mayor compromiso en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas de protección integral, y un trabajo con las familias para volver la mirada a los factores culturales y a los relacionados con los bajos ingresos familiares, las tasas de desempleo y la violencia intrafamiliar, que incentivan la problemática e impiden romper las cadenas que conducen a la vulneración de derechos de esta población.
Son innegables los logros en materia normativa, pero ante la situación de los niños y niñas trabajadores, la Procuraduría General de la Nación ha venido impulsando la acción del Estado, vigilando el cumplimiento de los planes y acciones propuestos, y ha exigido a los gobernadores y alcaldes que en los Planes de Desarrollo de sus regiones sea incluida la protección integral de los niños, niñas y adolescentes como tema prioritario, con la incorporación de programas pertinentes y con recursos de inversión.
Se ha exigido asimismo que se fortalezcan los comités nacional y departamentales de prevención y erradicación del trabajo infantil, destacando la importancia de que en los municipios se replique la creación del mismo o que el tema se aborde desde el comité o la mesa donde se discutan las políticas de infancia y adolescencia. Los resultados en la materia pueden ser consultados en el módulo de seguimiento http://colpgnseguimientopfti.org/home.php. Mientras subsista la explotación laboral de los niños y las niñas, se hará más extensa la cadena de pobreza y se abonará el terreno de la inequidad.