Terremoto en Colombia: daños, muertes y controversias

Un mes después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, el país continúa enfrentando las consecuencias de una de las emergencias más graves de su historia reciente.

El sismo dejó cientos de muertos, miles de heridos, viviendas destruidas, edificios colapsados y cientos de miles de personas afectadas en buena parte del territorio nacional. Al mismo tiempo, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella enfrenta el desafío de coordinar una reconstrucción cuyo costo preliminar se acerca a los 30 billones de pesos, unos 9.500 millones de dólares.

La emergencia se convirtió además en una de las primeras grandes pruebas para el Gobierno de De la Espriella, quien había asumido la Presidencia apenas tres días antes del terremoto.

Un mes después, mientras continúan las labores de evaluación y reconstrucción, también crecen las discusiones sobre la respuesta oficial, el manejo de las ayudas y las prioridades que deberá tener la recuperación de las zonas afectadas.

Un terremoto de magnitud 7,4

El terremoto ocurrió a las 7:34 de la mañana del 10 de agosto, hora local, y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

El movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 103 kilómetros y sus ondas sísmicas alcanzaron amplias zonas del occidente y centro de Colombia.

San José del Palmar se encuentra en una zona montañosa del Chocó, cerca de los límites con Risaralda y Valle del Cauca, departamentos que estuvieron entre los más afectados.

El Chocó, además, enfrenta históricamente importantes dificultades de infraestructura, conectividad y acceso a servicios públicos. Esa situación complicó las labores de atención y aumentó los desafíos para llevar asistencia a las comunidades damnificadas.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el terremoto es el más fuerte registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI y el tercero de mayor magnitud en la historia sísmica del país.

Después del movimiento principal se registraron 297 réplicas, la mayor de ellas de magnitud 4,8.

Una tragedia que recuerda al terremoto de Armenia

La magnitud de la emergencia hizo que muchos colombianos recordaran el terremoto que devastó a Armenia, capital del departamento del Quindío, el 25 de enero de 1999.

Aquel sismo dejó 1.185 personas fallecidas y más de 8.500 heridas, además de provocar la destrucción o inhabitabilidad de decenas de miles de viviendas.

También resultaron afectadas miles de fincas cafeteras.

La experiencia de Armenia es ahora uno de los principales referentes para la reconstrucción posterior al terremoto de agosto, especialmente por el modelo institucional utilizado entonces para coordinar la recuperación.

Más de 466.000 personas afectadas

La dimensión de la emergencia continúa aumentando a medida que las autoridades completan los censos y evaluaciones de daños.

Según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) citado en el balance oficial, el terremoto deja hasta ahora:

• 331 personas fallecidas.
• 4.505 personas heridas.
• 111 personas desaparecidas.
• 466.709 personas afectadas.
• 296.738 familias afectadas.
• 36.326 viviendas destruidas.
• 202.002 viviendas averiadas.
• 743 edificios colapsados.

Los daños se extienden a 498 municipios de 16 departamentos, lo que representa la mitad de los departamentos del país.

Estas cifras podrían continuar modificándose mientras avanzan las inspecciones y las autoridades terminan de establecer el impacto real del desastre.

Una reconstrucción de 30 billones de pesos

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno declaró la emergencia económica, social y ecológica y calculó inicialmente que la reconstrucción podría costar cerca de 30 billones de pesos.

La cifra equivale aproximadamente a 9.500 millones de dólares.

Para coordinar parte de este proceso fue creado el denominado Fondo Milagro, cuya gerencia quedó en manos del empresario Jaime Uribe.

La iniciativa tendrá como referencia el modelo utilizado después del terremoto de Armenia de 1999, cuando se creó el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec).

Aquel organismo es considerado un antecedente positivo en materia de coordinación de recursos y reconstrucción, aunque la aplicación de un modelo similar en las actuales circunstancias tendrá que enfrentar una emergencia de enorme dimensión territorial.

La reconstrucción no se limitará a levantar nuevamente las viviendas destruidas. También será necesario recuperar carreteras, puentes, escuelas, hospitales, redes de servicios públicos y otras infraestructuras esenciales.

El Chocó, en el centro de la reconstrucción

Una de las principales apuestas anunciadas por el Gobierno es un programa especial para el departamento del Chocó.

El presidente De la Espriella anunció un “Plan Marshall” para el Chocó, con el propósito de aprovechar la reconstrucción para atender problemas estructurales que afectan a la región desde hace décadas.

El plan fue presentado como una estrategia que vaya más allá de reparar los daños directamente causados por el terremoto y que permita impulsar el desarrollo económico y social del departamento.

La propuesta contempla cinco ejes, entre ellos una mayor participación de la inversión privada, la modernización de la infraestructura vial y portuaria, incentivos fiscales y el impulso del turismo sostenible.

El Gobierno busca que la emergencia se convierta, de esta manera, en una oportunidad para acelerar inversiones pendientes en una de las regiones con mayores dificultades económicas y de infraestructura del país.

Una cumbre de donantes en Quibdó

Esta semana, el presidente se reunió en Quibdó, capital del Chocó, con un grupo de empresarios y personas de alto patrimonio para buscar apoyo al proceso de reconstrucción.

El encuentro funcionó como una especie de cumbre de donantes y concluyó con la firma del plan anunciado por el Gobierno.

La participación del sector privado será uno de los elementos centrales de la estrategia oficial, especialmente ante el elevado costo estimado de la reconstrucción.

Sin embargo, el desafío será garantizar que los recursos destinados a la emergencia lleguen efectivamente a las comunidades afectadas y que las obras respondan a las necesidades de los territorios.

La educación, una de las áreas más golpeadas

El sistema educativo también sufrió importantes consecuencias.

Según las cifras de la UNGRD, 4.313 colegios resultaron afectados por el terremoto. La cifra representa aproximadamente uno de cada tres de los 13.700 establecimientos educativos existentes en Colombia.

La magnitud de los daños obligó a diferentes instituciones a buscar alternativas para mantener las clases.

Una de ellas fue recurrir temporalmente a la educación virtual.

Sin embargo, esta solución generó cuestionamientos, especialmente en las zonas rurales, donde muchos estudiantes no cuentan con computadores, teléfonos u otros dispositivos adecuados para conectarse a las clases.

A esto se suma la deficiente cobertura de internet en varias de las zonas más afectadas.

La situación plantea un desafío adicional para el Gobierno: reconstruir la infraestructura educativa y, al mismo tiempo, garantizar que los estudiantes puedan continuar con su formación mientras las obras avanzan.

Las controversias durante la emergencia

La respuesta del Gobierno no ha estado exenta de polémicas.

Una de las situaciones que provocó críticas fue un episodio ocurrido en Buenaventura, donde el presidente De la Espriella fue cuestionado por lanzar balones con propaganda de su partido a un grupo de damnificados.

El episodio generó críticas debido al contexto de emergencia y a la percepción de que la entrega de ayudas podía mezclarse con actividades de carácter político.

También hubo controversia por la forma en que fueron gestionadas algunas ofertas de ayuda internacional.

Según las críticas, el Gobierno habría aplicado criterios ideológicos para aceptar o rechazar determinados apoyos. Entre los casos mencionados estuvo el de un reconocido grupo de rescatistas mexicanos que no habría podido participar en las labores de emergencia.

Estas decisiones alimentaron el debate sobre la necesidad de separar la atención humanitaria de cualquier consideración política durante una catástrofe de esta magnitud.

Críticas al ministro de Vivienda

Otro episodio polémico involucró al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

El funcionario fue fotografiado durante una boda celebrada en un hotel de playa en Santa Marta, mientras el país todavía enfrentaba las consecuencias del terremoto y las autoridades continuaban contabilizando viviendas destruidas y averiadas.

La imagen generó críticas políticas y ciudadanas debido al momento en que ocurrió y al papel que desempeña el Ministerio de Vivienda en la atención de las familias que perdieron sus hogares.

El episodio abrió nuevamente la discusión sobre la presencia de los funcionarios del Gobierno en las zonas de emergencia y sobre la percepción pública de su compromiso con las tareas de reconstrucción.

Un Gobierno puesto a prueba

El terremoto ocurrió apenas tres días después de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, convirtiéndose prácticamente en la primera gran emergencia nacional que tuvo que enfrentar su administración.

Por eso, la respuesta al desastre podría tener consecuencias políticas que trasciendan la emergencia inmediata.

El Gobierno tendrá que administrar miles de millones de pesos, coordinar entidades nacionales y territoriales, garantizar la atención de los damnificados y reconstruir infraestructura en regiones con enormes diferencias de conectividad y capacidad institucional.

También tendrá que responder a las críticas sobre el manejo de la emergencia y demostrar que los recursos destinados a la reconstrucción serán administrados con transparencia.

La reconstrucción apenas comienza

A un mes del terremoto, Colombia todavía se encuentra en la etapa inicial de una reconstrucción que podría extenderse durante varios años.

Las cifras muestran la magnitud del desafío: cientos de miles de personas afectadas, decenas de miles de viviendas destruidas, cientos de edificios colapsados y miles de establecimientos educativos con daños.

El Gobierno apuesta por el Fondo Milagro y por el llamado Plan Marshall para el Chocó como principales instrumentos para afrontar la recuperación.

Pero además de reconstruir edificios y carreteras, las autoridades tendrán que recuperar las condiciones de vida de las comunidades damnificadas y atender las desigualdades que quedaron aún más expuestas después del desastre.

El terremoto del 10 de agosto ya es considerado el peor sismo del siglo XXI en Colombia. Ahora, la forma en que el país enfrente sus consecuencias será una de las principales pruebas para el Gobierno de De la Espriella y para la capacidad del Estado de responder ante una emergencia de dimensiones nacionales.