Recorte a la Contraloría pone en riesgo el control fiscal
El presupuesto de inversión de la Contraloría General sufrió un drástico recorte, amenazando su capacidad de vigilar los recursos públicos en 2025.
En una comunicación dirigida al director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, alertó sobre los graves riesgos que trae consigo la disminución del presupuesto de inversión asignado para 2025. La reducción de $133.901 millones pone en peligro proyectos esenciales como la modernización tecnológica, la seguridad cibernética y la gestión documental.
La Contraloría había solicitado un presupuesto de inversión de $424.844 millones, pero solo se aprobaron $186.701 millones. Adicionalmente, el Gobierno aplazó una parte crucial de estos recursos, lo que compromete la capacidad de la entidad para cumplir con su misión de controlar y auditar eficientemente los recursos públicos.
El Contralor recordó que entre septiembre de 2022 y noviembre de 2024, la Contraloría recuperó $2.96 billones mediante procesos de cobro coactivo, una cifra récord que demuestra su impacto en la vigilancia fiscal. Sin embargo, advirtió que este tipo de resultados será difícil de mantener sin los recursos necesarios para operar de manera óptima.
La modernización tecnológica, uno de los proyectos afectados, es esencial para garantizar la eficiencia en el monitoreo de los recursos públicos y la protección de datos confidenciales. Sin estas herramientas, la transparencia y la confianza en la gestión pública podrían deteriorarse significativamente.
Rodríguez subrayó que la disminución presupuestal también comprometería la infraestructura tecnológica, exponiendo al país a riesgos cibernéticos y reduciendo la capacidad de la Contraloría para fiscalizar de manera oportuna.
Finalmente, el Contralor hizo un llamado al Gobierno nacional para reconsiderar esta decisión, destacando que el control fiscal es indispensable para proteger los intereses de los ciudadanos y garantizar la correcta administración de los recursos públicos.